La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó un informe preliminar sobre la situación en Venezuela, cuya información recabó con 135 entrevistas a testigos realizadas a distancia -desde Ginebra y Panamá- ante la negativa del Gobierno a darles acceso al país.
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Las fuerzas de seguridad venezolanas han maltratado de forma sistemática y generalizada a miles de manifestantes y han detenido de forma arbitraria al menos a 5.000 personas, muchas de las cuales sufrieron «torturas» durante su arresto o reclusión, denunció hoy la ONU, en un documento en el que además, se señala a la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional y los cuerpos de policía locales.
Un total de 124 personas han muerto en esta ola de protestas, 73 de ellas a manos de las fuerzas de seguridad o de grupos afines.
«Según el análisis del equipo de investigadores, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 de esas muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados ‘colectivos’, serían responsables de otros 27 fallecimientos», especificó la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, al presentar el informe en una rueda de prensa.
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Varias de las personas entrevistadas afirmaron que cartuchos de gas lacrimógeno fueron disparados a corta distancia y que la policía usó como munición canicas, perdigones, tuercas y tornillos.
Según las fuentes, las fuerzas de seguridad también habían recurrido al uso de fuerza letal contra los manifestantes.
Zeid Ra’ad al Hussein denunció el uso de los siguientes métodos de tortura:
– Choques eléctricos.
– Colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados.
– Asfixiarlos con gases.
– Amenazarlos con la muerte
– Amenazarlos con la violencia sexual a ellos y a sus familiares.
Respecto al número de personas detenidas, ninguna cifra oficial ha sido publicada, pero «los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria», prosigue el texto. Más de 1.000 personas seguirían todavía detenidas.
Esos abusos ocurren «en plena ruptura del Estado de Derecho en Venezuela, con ataques constantes del Gobierno a la Asamblea Nacional y a la Oficina de la Fiscal General», agregó Zeid, que denunció la destitución de Luisa Ortega y pidió medidas de protección para la exfiscal.
El comisionado instó a las autoridades venezolanas a poner fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, a cesar las detenciones arbitrarias y a liberar a todas las personas que han sido detenidas ilegalmente.