Cuando se instalaron las AFP en la década de los 80, todos los trabajadores del país migraron del antiguo sistema a este creado por el exministro del Trabajo, José Piñera, durante la dictadura. Todos, salvo los miembros de las Fuerzas Armadas.
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Hasta el día de hoy quienes fueron parte del mundo militar se jubilan bajo un régimen distinto y bajo dos instituciones: Dipreca en el caso de Carabineros y Gendarmería y Capredena en el caso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Este sistema es de reparto donde un fondo común sirve para entregar las pensiones a quienes se retiran.
Es este modelo el que ha sido cuestionado por las excesivas jubilaciones que algunas personas han recibido y que superan por lejos el promedio que recibe el resto de los chilenos. Eso se suma a escándalos en el caso de Gendarmería donde se ha investigado casos en los que se han usado mecanismos para abultar dichas pensiones o como se ha conocido ahora último, se han otorgado jubilaciones por enfermedad a personas que están sanas, que incluye a exmilitares presos por delitos contra los derechos humanos.
Además, cabe consignar el costo que significa para el Fisco financiar este sistema. Según los cálculos que realizó la Comisión Bravo, si en 2013 el gasto del Pilar Solidario significaba el 0,7% del PIB del país, es decir, US$ 1.936 millones, Dipreca y Capredena le costaban al Estado 0,9% del PIB de 2012, unos US$2.385 millones). De hecho esta instancia le sugirió a la Presidenta traspasar a todo el personal uniformado al sistema de AFP.
Pese a ello, las especulaciones previas a la firma este jueves de los proyectos de reforma al sistema de la población civil no daban luces del anuncio que haría la Mandataria. «Como sabemos, existen distorsiones en las pensiones de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad que deben ser corregidas mediante un cambio legal», sostuvo Bachelet.
Las medidas anunciadas fueron:
- Se instruyó a los Ministerios del Interior, Defensa, Justicia y Trabajo para que en conjunto elaboren una propuesta en un plazo de 45 días, donde deben abordarse diferentes temas.
- Parte de lo que deberán evaluar estas carteras son la modificación de la conformación de las Comisiones de Sanidad y Comisiones Médicas que definen los casos de invalidez, fortaleciendo su carácter técnico y autónomo
- También se busca establecer la prohibición legal de desempeño en el sector público del personal con declaración de inutilidad (el equivalente a la invalidez para los civiles)
- Acercar en diversos aspectos la normativa que regula el otorgamiento de estas pensiones a las aplicables a la previsión civil.
«Buscamos que el sistema previsional de las instituciones armadas, concebido en razón de las particularidades de la carrera militar y policial, funcione adecuadamente e impida abusos», subrayó la Jefa de Estado.
