Los integrantes del clan Rooney, instalados en el condado inglés de Lincolnshire, identificaban por la calle a personas vulnerables, a las que instalaban en caravanas sin agua potable ni servicios y obligaban a trabajar durante largas jornadas laborales.
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Las víctimas de los Rooney no estaban encerradas con barreras físicas, pero su situación «financiera y emocional» hacía que «cualquier escape pareciera imposible», relató en el juicio la superindendente de la policía Nikki Mayo.
Cuando las fuerzas de seguridad intervinieron por primera vez en el caso, en septiembre de 2014, se encontraron con que algunos de los trabajadores que operaban en la empresa familiar presentaban síntomas de malnutrición y de haber recibido palizas.
Eleven convicted in our "largest and most complex investigation" into #ModernSlavery https://t.co/6Rc3wUysZh pic.twitter.com/1iV4yzxwWL
— Lincolnshire Police (@LincsPolice) August 11, 2017
«Esa explotación estaba sirviendo para financiar de forma ilegal un espléndido estilo de vida (para los Rooney). Mientras sus trabajadores sufrían, los beneficios de la compañía ayudaron a financiar lujosos viajes a Barbados, Australia, Egipto y México, y a comprar automóviles BMW de alta gama», describió Mayo.
La decisión judicial se produce un día después de que la Agencia Nacional del Crimen británica (NCA) alertara de que la esclavitud moderna y el tráfico de personas son mucho más comunes en el Reino Unido de lo que se pensaba hasta ahora.
La agencia mantiene más de 300 operaciones policiales en curso para tratar de detener a organizaciones que trafican con personas y mantienen cautivos a trabajadores.
