La comisión australiana que investiga el abuso sexual de menores en instituciones religiosas y públicas del país recomendó una reforma del sistema penal, que incluye cambios legales para que se puedan denunciar casos revelados en confesión y que se impongan sanciones penales contra aquellos que no denuncien este delito, incluyendo a los que reciben la información en la confidencia religiosa.
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El informe «Justicia Criminal» señala que tampoco se debe otorgar «ninguna excusa, protección o privilegio» a los sacerdotes que «no alerten a la policía (de los delitos) por considerar que la información sobre los abusos sexuales se obtuvo mediante la confesión», según el informe de la comisión.
La Comisión Real ha oído de casos en ambientes religiosos en los que los agresores que hicieron una confesión religiosa sobre el abuso sexual de niños continuaron con sus ofensas y buscaron perdón»
«La Comisión Real ha oído de casos en ambientes religiosos en los que los agresores que hicieron una confesión religiosa sobre el abuso sexual de niños continuaron con sus ofensas y buscaron perdón», añadió el documento.
Entre las 85 recomendaciones del informe se incluye la del cambio en las leyes para que los delitos de pederastia sean sancionados con los estándares vigentes y no de la época en que se cometió el delito, aunque limitando la pena máxima.
También la de permitir un mayor uso de pruebas por parte de víctimas múltiples respecto a un agresor común, la ampliación de la definición de seducción de un menor para perpetrar un delito sexual en su contra y permitir la sanción de miembros del entorno familiar.
Los casos de abusos sexuales son generalmente ‘palabra contra palabra’ y carecen de testigos o evidencias científicas o médicas», Philip Reed, director ejecutivo de la Comisión
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La Comisión, creada en 2012, persigue mejorar la atención a las víctimas y sancionar con mayor severidad a los agresores como a aquellos que «fracasan» en la protección y en la denuncia de los casos.
«Los casos de abusos sexuales son generalmente ‘palabra contra palabra’ y carecen de testigos o evidencias científicas o médicas. Los demandantes generalmente toman años o décadas en denunciar el abuso», dijo el director ejecutivo de la Comisión, Philip Reed, en un comunicado.
Respuesta de la Iglesia
Los sacerdotes no están obligados a señalar los abusos sexuales a menores revelados en el confesionario, declararon este martes los jefes de la Iglesia católica de Australia, que preferirían ir a la cárcel antes que romper el secreto de confesión.
Uno de los responsables de mayor rango del clero australiano, el arzobispo de Melbourne, Denis Hart, consideró que la confesión era una parte fundamental de la libertad religiosa y, al ser preguntado sobre si los religiosos deberían ir a la cárcel antes de romper el secreto de confesión, dijo que «yo lo haría».
Se trata de una comunicación sacro-santa que emana de un orden superior y que los curas deben respetar por naturaleza. Ellos nunca harían algo que perjudique a los niños», Denis Hart, arzobispo de Melbourne
«Se trata de una comunicación sacro-santa que emana de un orden superior y que los curas deben respetar por naturaleza. Ellos nunca harían algo que perjudique a los niños», consideró.
«Si una ley dice que debo divulgar eso […] voy a negarme a aplicar la ley«, declaró por su parte el cura jesuita y abogado Frank Brennan al diario The Australian.
(los miembros del clero se verán obligados a) obedecer la ley o sufrir las consecuencias», Francis Sullivan, director ejecutivo del Consejo de Verdad, Justicia y Reconciliación de la Iglesia Católica
No obstante, tras conocerse el informe el director ejecutivo del Consejo de Verdad, Justicia y Reconciliación de la Iglesia Católica, Francis Sullivan, dijo que si las recomendaciones se convierten en ley, los miembros del clero se verán obligados a «obedecer la ley o sufrir las consecuencias».
La Iglesia Católica, con fuerte presencia en Australia, recibió quejas de 4.500 personas por presuntos abusos a menores cometidos por unos 1.880 miembros de esta institución, sobretodo hermanos y sacerdotes, entre 1980 y 2015, aunque algunos casos se remontan a la década de 1920.
