El nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, pidió la privativa de libertad del diputado chavista Germán Ferrer, esposo de su antecesora Luisa Ortega, apenas minutos después de que un grupo de constituyentes oficialistas pidiera el allanamiento de su inmunidad parlamentaria y su apresamiento.
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«Como el delito fue en flagrancia (en curso) el ciudadano debe estar privado de libertad, en custodia en su residencia«, dijo Saab a periodistas y señaló que ya solicitó al presidente del Supremo, Maikel Moreno, que libre una orden de captura a Ferrer «mientras se inicia el proceso de allanamiento a su inmunidad parlamentaria».
Hemos solicitado (…) que sea abierto el procedimiento para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de todos aquellos que tengan inmunidad que aparezcan allí (en la lista) registrados», Diosdado Cabello
Minutos antes, el miembro de la Asamblea Nacional Constituyente conformada solo por oficialistas, el poderoso dirigente chavista Diosado Cabello, hizo la solicitud de la detención de Ferrer por supuestamente liderar una red de extorsión que operaba en el Ministerio Público mientras Ortega era fiscal general.
«Hemos solicitado la privativa de libertad de las personas allí mencionadas (varios ex funcionarios de la Fiscalía), que sea abierto el procedimiento para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de todos aquellos que tengan inmunidad que aparezcan allí registrados», dijo el dirigente oficialista Diosdado Cabello desde la entrada del Ministerio Público al referirse a una lista.
«Red de extorsión»
Según Diosdado Cabello, bajo la gestión de Ortega, en el cargo desde 2007 hasta el pasado 5 de agosto cuando esta misma asamblea la destituyó, en la Fiscalía operó una «gran red de extorsión» que cobraba millones de dólares a personas vinculadas con hechos delictivos para evitar ser procesados por la Justicia.
Por ello, solicitaron una investigación inmediata contra Ferrer, así como contra el abogado José Rafael Parra, la ex directora del despacho de la ex fiscal, Gioconda González; y los fiscales Pedro Lupera y Luis Sánchez.
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Los denunciantes consignaron varios documentos «originales» y «probatorios» ante el nuevo fiscal general, Tarek Saab (designado por la Constituyente) y aunque Ortega no está mencionada en ninguno de ellos, Cabello ve «muy difícil que no sepa nada» por lo que espera que las investigaciones arrojen luces al respecto.
Afirmó que los señalados usaban «pasaportes falsos» y tenían «más de 6 millones de dólares en cuentas abiertas en otros países», y que Ferrer, legislador electo por el chavismo que se volvió un crítico del presidente Nicolás Maduro en los últimos meses, abrió una cuenta el 6 de abril de 2016 que tiene 1 millón de dólares.
El constituyente explicó que los miembros de la supuesta organización criminal comenzaron a extorsionar a los implicados en hechos de corrupción dentro de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y estos «ya están hablando».
En este sentido, dijo que dicha «mafia» pudiera tener dentro del Ministerio Público «sucursales» para otros temas y hechos delictivos como el narcotráfico, el lavado de dinero o los delitos comunes por lo que pidió «se le haga ante las distintas policías y organismos del mundo la solicitud para apoyo a esta investigación».
Asimismo, los constituyentes pidieron congelar las cuentas y bienes de los acusados y la prohibición de salida del país.
Destitución de Ortega
Luisa Ortega, que se distanció del Gobierno tras denunciar la ruptura del hilo constitucional y posteriormente acusarlo de convertirse en un «Estado policial» que cometía «terrorismo de Estado», fue procesada en el Tribunal Supremo de Justicia por magistrados que ella misma impugnó como ilegítimos.
Su remoción la concretó la plenipotenciaria Asamblea Constituyente, un órgano que es tildado de fraudulento por la oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional.
