Era el año 2008 y el hermano de Ramón Sebastián de 76 años le regaló una casa en Navas del Rey, un municipio español perteneciente a la Comunidad Autónoma de Madrid.
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El “presente” llegó antes de la crisis y el hombre decidió vender la propiedad por 334 mil dólares, lo que parecía un excelente negocio. Ahí conoció a Josefa Rodríguez, que se mostró interesada en la vivienda, pero que no podía pagarle de inmediato, ya que estaba esperando el dinero de la venta de un local comercial.
Según indica El País, para no dejar escapar la venta, ambos acordaron arrendar la casa durante tres meses y la mujer pagaría casi US$ 1.200 cada 30 días.
Ahí comenzó el calvario de Ramón, ya que la vivienda nunca fue comprada, no le pagaban el arriendo y la mujer se negó a irse de la casa donde vivía con sus tres hijos, todos mayores de edad. Además debía pagar la luz y el agua, ya que las cuentas estaban a su nombre y no quería quedar moroso.
El hombre inició acciones legales, pero la burocracia también le jugó en contra.
Interpuso una demanda en los juzgados de Plaza de Castilla, pero fue derivado a los de Navalcarnero, y tras cuatro meses sin avances todo quedó en nada porque le dijeron que «allí no había llegado nada”.
Tuvo que comenzar otro juicio y tras más de un año le dieron la razón, pero la mujer fue dilatando su salida con recursos y finalmente estuvo seis años ocupando la propiedad y sólo se fue un día antes de que fuera desalojada por la Guardia Civil.
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En el proceso, Ramón perdió un total de 105 mil dólares en concepto de arriendos, 14 mil en los gastos con los abogados y vio bajar la plusvalía de su casa de US$ 334 mil a US$ 206 mil.
Por eso pidió una indemnización al Estado de cerca de US$ 120 mil por “desidia judicial en la tramitación del proceso”, sin embargo, pese a un informe favorable del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia le negó el pago porque estima que lo sucedido no es «indemnizable”.
