La fiscal jefe de Río Negro, Leyla Chahín, formalizó ayer al alcalde en ejercicio de esa comuna, Carlos Javier Schwalm Urzúa, y a su ex jefe de gabinete municipal, Camilo Miranda Álvarez, por el presunto delito de malversación de caudales públicos.
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Los hechos se remontan al año 2012 y consisten en una contratación a honorarios que se celebra por el alcalde con el jefe de gabinete, con la finalidad de aumentar su sueldo o su remuneración, para la creación de una plataforma digital y de un diario electrónico»
«Los hechos se remontan al año 2012 y consisten en una contratación a honorarios que se celebra por el alcalde con el jefe de gabinete, con la finalidad de aumentar su sueldo o su remuneración, para la creación de una plataforma digital y de un diario electrónico», explicó la fiscal.
Durante la audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía de Río Negro, Región de Los Lagos, la persecutora indicó que a juicio de la fiscalía a ambos imputados les corresponde participación en calidad de autores y que el delito formalizado se encuentra en grado de desarrollo de consumado.
Conforme a los antecedentes expuestos en la audiencia, con fecha 27 de febrero de 2012, mediante convenio de prestación de servicios a honorarios, el alcalde contrató de manera paralela o simultánea a Camilo Miranda Álvarez, quien a esa fecha ejercía como jefe de gabinete de la Municipalidad de Río Negro.
El objetivo era que Miranda generara una plataforma comunicacional de participación ciudadana, que debía incorporar herramientas e instrumentos de comunicación digital vía web y un periódico.
Permite estimar que el alcalde, en el ejercicio de la labores del cargo permitió que un tercero sustrajera caudales públicos que ascendieron a la suma de $5.887.000″
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A través de dos decretos se dispuso el pago de honorarios por los servicios, sin embargo –y de acuerdo a la formalización- estos pagos «se verificaron no obstante no haberse entregado los productos contratados por el Sr. Miranda».
Esto, señaló la fiscal en la audiencia, «permite estimar que el alcalde, en el ejercicio de la labores del cargo permitió que un tercero sustrajera caudales públicos que ascendieron a la suma de $5.887.000».
Ambos formalizados quedaron con medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual y se decretó un plazo de 120 días para el desarrollo de diligencias investigativas por parte de la representante del Ministerio Público.
