Como un «avance» que introduce un profundo enfoque democrático y de reconocimiento de derechos mínimos de quienes quieren hacer vida en Chile. Así es considerada la firma por parte de la presidenta Michelle Bachelet Jeria de la Ley de Migraciones, proyecto que sustituye al actual que data de 1975, en tiempos de la Junta Militar de Gobierno.
Daniel Ibáñez, presidente de la Fundación Participa, aseguró que es sumamente importante que se dote al país de una nueva legislación, ya que otorga derechos mínimos a los migrantes que llegan a aportar a Chile. «La antigua ley fue concebida en tiempo de dictadura. Es importante que se dote al país de una nueva legislación, con derechos mínimos a los migrantes que llegan a aportar a nuestro país», comentó Ibáñez.
Considera el licenciado en ciencias jurídicas, que la actual visa temporaria, sujeta a contratos de trabajo, abre espacios para «que nuestros hermanos migrantes se vean sometidos a graves vulneraciones de derechos». De cara al debate en el Congreso Nacional, Ibáñez considera que la institucionalidad en la materia debe mejorarse y fortalecerse, además mostrarse partidario de fomentar los procesos de educación de los chilenos y de integración para quienes llegan.
«Chile necesita más migrantes, es un país que demográficamente va decreciendo y va a necesitar más fuerza laboral. Los migrantes poseen un nivel educacional muchísimo más alto que el nuestro y eso constituye un aporte importante. Es preocupante que muchos profesionales tengan tantos obstáculos para ejercer su profesión en Chile y eso debe facilitarse», concluyó Ibáñez.
Migrar no es un delito
Ignacio Cid es el director del Servicio Evangélico al Migrante y elogia el avance «significativo» en el nuevo instrumento legal, ya que la ley chilena era de las más antigua del continente: la antigua visión estigmatizaba al migrante como una «amenaza».
«Ahora existe un enfoque de derecho y dignidad. No obstante, tenemos una legítima preocupación. esta ley experimentó 4 lapsos que el gobierno se impuso e incumplió. Da la impresión que hay utilización política del fenómeno y con certeza no va a ser aprobada por el exceso en la agenda legislativa», comentó Cid. Se pregunta el analista por qué el Registro Nacional del Migrante vaya a estar adscrito a la Sub secretaría del interior, con lo cual la migración estaría sometida a gobierno de turno, con mucha discrecionalidad por parte del funcionario de turno.
Tres son los puntos fundamentales en los que el Servicio Evangélico al Migrante hará énfasis en la discusión parlamentaria. «Primero, vamos a pelear para que la organización migratoria esté autonomizada. En segundo lugar, que se acabe con la discrecionalidad en frontera de las policías. No existe un procedimiento estandar para los turistas. Inmigrar no es un delito, para que esté supervisado por estos funcionarios. Hay países que incorporaron funcionarios civiles a estas funciones de control. Y por último, vemos con buenos ojos que el migrante anuncie desde que parte su sitio de origen, su deseo de migrar», comentó Cid.
