Chile y Colombia son los países con menor riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) en América Latina y el Caribe, según la sexta edición del Índice Antilavado de Dinero 2017 (AML, por su sigla en inglés) que publica el Instituto de Basilea sobre Gobernanza.
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AML evalúa anualmente el riesgo o vulnerabilidad de un país al LA/FT, a través de 14 indicadores, y es utilizado por el sector privado como una herramienta establecida de calificación de riesgo.
La versión de este año evaluó a 146 países (versus 149 en 2016), siendo los tres con menor riesgo de LA/FT los mismos que el año pasado: Finlandia, Lituania y Estonia. En contraste, los 10 países con mayor riesgo de LA/FT son: Irán, Afganistán, Guinea-Bissau, Tayikistán, Laos, Mozambique, Malí, Uganda, Camboya y Tanzania.
Las mayores mejoras en la puntuación, respecto del año 2016, fueron las de Sudán, Taiwán (China), Israel y Bangladesh. En cambio, los países que más cayeron en sus puntuaciones fueron Jamaica, Túnez, Hungría, Uzbekistán y Perú.
“En la región de América Latina y el Caribe, Paraguay, Haití, Bolivia, Panamá, Trinidad y Argentina son considerados los países de mayor riesgo. Perú, Ecuador y Trinidad y Tobago han registrado el mayor deterioro en la región”, señala el informe del Índice AML 2017.
Este año, la puntuación total de Chile llegó a 4,94, por lo que se ubicó en el lugar 109 (entre 146 países). En 2016, en tanto, Chile obtuvo un puntaje de 4,80, situándose en el puesto 120 (de 149 países). Detrás de Chile se posicionan Colombia (4,57), Domínica (5,12), Uruguay (5,16), Perú (5,25) y El Salvador (5,48). Colombia, en tanto, está en el lugar 125 (4,57).
“En Chile tenemos un Sistema Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo que es real, donde el sector público y el privado están obligados, por Ley, a reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad que, tras activar sus procesos de inteligencia financiera, envía al Ministerio Público informes con indicios de ambos delitos, para que sea la Justicia la que pueda perseguirlos penalmente”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz Tamburrino.
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Destacó que, entre 2007 y 2016, los Tribunales chilenos han dictado 88 sentencias definitivas condenatorias por el delito de lavado de activos, las que involucran a 172 personas.
Agregó que los riesgos de Chile al lavado de activos no solo provienen del narcotráfico, sino también de la corrupción, la trata de personas y el tráfico de migrantes, el contrabando y los delitos relacionados con las leyes de Bancos y de Mercado de Valores.
