CPC: "decisión del Consejo de Ministros sobre Proyecto Dominga es grave"

La empresa Andes Iron concurrirá al Tribunal Ambiental para querellarse ante la decisión que fue tomada de manera "apresurada".

Por Aton Chile

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio de Chile (CPC), Alfredo Moreno, declaró que la decisión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad de no aprobar el proyecto minero Dominga “nos parece de extrema gravedad”.

Moreno dijo que “lo que Chile necesita hoy son inversiones y en particular la zona de La Higuera, donde se ubicaría el proyecto, es una comuna muy pobre, donde se necesita más trabajo, más inversiones”.

En relación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, Moreno explicó que su rol es cautelar los impactos ambientales, “pero tiene que hacerlo de manera técnica y las instancias técnicas habían señalado que este proyecto cumplía con esos estándares”.

Consultado sobre la abstención del ministro de Economía, Luis Céspedes, el presidente de la CPC dijo que no se pronunciará sobre el particular, “pero si los elementos que él ha señalado son efectivos, en el sentido de que recibió los antecedentes con muy poco tiempo de anticipación, me parece que es una muestra más de que este sistema no funciona como corresponde”.

Añadió que “los ministros que son parte de este comité tienen una responsabilidad enorme de analizar adecuadamente los proyectos y dar su opinión en forma fundada”.

En ese sentido, agregó, “que se entreguen los antecedentes el viernes a última hora para votar el lunes temprano, me parece que es un signo más de que está predominando la política por sobre lo que corresponde, que son las razones técnicas y el interés del país”.

Por su parte, Iván Garrido gerente general de Andes Iron, empresa impulsora del proyecto Dominga, informó que apelarán ante el Tribunal Ambiental contra la decisión del comité de ministros.

Criticó que la convocatoria a la sesión del comité se haya realizado el viernes pasado y que se fijara para las 7.30 de la mañana, sin suficiente tiempo para analizar una decisión tan importante en materia de inversión, alrededor de US$2.500 millones.

Garrido enfatizó que “se ha causado un daño a la democracia de este país, hay un daño a la institucionalidad del país, vamos a insistir ante los tribunales ambientales”.

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