Los bancos, los casinos de juego y las emisoras u operadoras de tarjetas, fueron las actividades económicas que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo (LA/FT) a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer semestre de 2017.
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Así se desprende de la Serie Estadística de la UAF que señala que, de los 1.569 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos entre enero y junio, 455 fueron emitidos por los bancos (29% del total), 367 por los casinos de juego (23,39%) y 173 por las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago (11,03%).
En tanto, 145 ROS fueron enviados por las empresas de transferencia de dinero, 98 por las administradoras de fondos de pensiones, 87 por los corredores de bolsas de valores, 52 por las casas de cambio y 51 por los notarios. Las instituciones públicas, por su parte, que desde febrero de 2015 están obligadas a reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones, remitieron 29 ROS en el primer semestre de 2017.
“En junio del año pasado instruimos a todos nuestros sujetos obligados que los ROS enviados a la UAF deben identificar claramente las operaciones sospechosas detectadas”, explicó el director del Servicio, Javier Cruz Tamburrino.
Recordó que la UAF no puede iniciar investigaciones de ofici,; por tanto, para realizar inteligencia financiera, necesita que las personas naturales y jurídicas señaladas en la ley correspondiente le envíen los denominado Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Sólo si tras analizarlos se detectan señales indiciarias de LA/FT, la UAF envía confidencialmente Informes de Inteligencia Financiera al Ministerio Público, única institución responsable de investigar y perseguir penalmente ambos delitos en el país.
En este contexto, en el primer semestre de 2017, la UAF detectó señales indiciarias de LA/FT en 82 ROS: 36 corresponden a operaciones sospechosas informadas por los casinos de juego, 27 por los bancos, 10 por las empresas de transferencia de dinero, 3 por las AFP, 3 por las instituciones públicas, 2 por las administradoras generales de fondos y 1 por una empresa de arrendamiento financiero (leasing).
De acuerdo a la ley, el Ministerio Público puede requerir a la UAF antecedentes para las investigaciones de lavado de activos que practique. Según consigna la Serie Estadística UAF, durante enero-junio 2017, la Fiscalía de Chile realizó 42 consultas a la Unidad, las cuales estuvieron asociadas a 709 personas naturales y jurídicas. Lo anterior equivale a una baja de 6,7% anual en el número de consultas, pero un alza de 49,3% en el de personas consultadas, ya que en los primeros 6 meses del año pasado se efectuaron 45 consultas relacionadas con 475 personas naturales y jurídicas.
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Asimismo, la UAF realizó 56 fiscalizaciones en terreno a lo largo del país que recayeron en 9 notarios, 8 administradoras generales de fondos, 5 casas de cambio, 5 corredores de propiedades, 5 usuarios de zonas francas, 4 administradoras de fondos de inversión, 4 empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, 3 casinos de juego, 3 empresas de arrendamiento financiero (leasing), 3 empresas de factoraje (factoring), 2 agentes de valores, 2 cooperativas de ahorro y crédito, 1 corredor de bolsa de valores, 1 empresa de transferencia de dinero y 1 entidad facultada para recibir moneda extranjera.
Finalmente, entre enero y junio, la UAF inició 151 procesos sancionatorios por incumplimiento de las obligaciones legales contenidas en la Ley N° 19.913 y en las Circulares UAF. Ello implica un alza anual de 29,1%.
