A comienzos de 2017 los inmigrantes en Chile alcanzaban las 518.941 personas, según datos de la encuesta Casen y del Departamento de Extranjeros y Migración del Ministerio del Interior.
Precisamente ayer ingresó el proyecto que modifica la actual Ley de Migraciones que data de 1975 y que, entre otros aspectos, busca regular el ingreso, tránsito, residencia, permanencia y egreso del país por parte de los extranjeros. Además, crea una categoría denominada “Visitante”, con la que podrán desarrollar actividades de negocios en Chile y modifica el Código del Trabajo disminuyendo desde un 85% a un 75%, el porcentaje mínimo de trabajadores nacionales que sirvan a un mismo empleador que tenga más de 25 trabajadores.
Con todo, ¿cuál será el costo de esta nueva legislación de aprobarse tal como fue diseñada por el Ejecutivo? Según el informe financiero que envía el Ministerio de Hacienda junto al proyecto de ley, actualmente, el desembolso fiscal anual ligado a extranjeros es de US$207.544.000, considerando los ítems educación (48,5%), gastos institucionales (29,5%), salud (15,5%) y vivienda (6,5%).
Para educación, el informe incluyó el gasto en subvenciones escolares y aportes por gratuidad para 71.095 menores de edad matriculados este año, según el Ministerio de Educación.
El ítem institucional refiere a los gastos en organismos públicos, como el Departamento de Extranjería y Migración, Programa de Atención al Migrante, Complejos Fronterizos y PDI, entre otros.
En cuanto a salud, el informe consideró el gasto de inmigrantes afiliados a Fonasa, que corresponde a 62% del total.
Finalmente, en 2016 se otorgaron 1.711 subsidios habitacionales en materia de vivienda.
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Costos al alza
La creación de un Registro Nacional de Extranjeros en la Subsecretaría del Interior y las facultades que se otorgarían a la Policía de Investigaciones, relacionadas con la materialización de expulsiones administrativas y/o judiciales generarían un mayor gasto fiscal del Estado.
En cifras, implicará un alza de poco más de 675 mil dólares al primer año de su implementación y de casi 400 mil dólares luego de su tercer año.
Apenas entre en vigencia la ley, el mayor gasto fiscal que demande durante su primer año será con cargo al presupuesto de la Partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública y, de faltar recursos, se tomarán desde el Tesoro Público.
Cabe mencionar, que el informe de Hacienda afirma que “no es posible determinar los efectos totales sobre el gasto fiscal que se podría generar con el presente proyecto de ley, en particular en los beneficios sociales que otorga el Estado, por eventuales regularizaciones de la situación migratoria de inmigrantes y/o por un incremento de la inmigración hacia Chile”.
