En el Juzgado de Garantía de Rancagua concedió la ampliación por 45 días del plazo de investigación del caso Caval, en la arista Vial Concha. Se trata de la querella por estafa presentada por un empresario de la Región de O’Higgins en contra de Natalia Compagnon y su socio Mauricio Valero.
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En la audiencia que comenzó a las 9 horas de hoy, el tema principal era el cierre de la investigación de la arista principal, solicitada por la fiscalía, tras vencer la ampliación de 20 días de la indagatoria, concedida por el tribunal el 28 de julio pasado. Sin embargo, una de las defensas pidió una nueva postergación por diligencias pendientes.
La arista que sumó otros 45 días de indagatoria se originó en la querella que presentó el empresario Gonzalo Vial Concha contra los dueños de Caval, quienes le vendieron –según su denuncia- informes mineros copiados textualmente de la página de Cochilco, y por los cuales le cobraron $1.200 millones.
Con esta medida del tribunal, a la que se sumaría la ampliación de investigación de la arista principal, la que se estima como muy probable en esta jornada, se postergaría una vez más el cierre de este emblemático caso, cuya indagatoria encabeza el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias.
La investigación se originó en enero de 2015, tras la compra de Caval de los terrenos en Machalí por $6.500 millones y su posterior venta en $9.500 millones, es decir, han transcurrido dos años y poco más de seis meses de indagatoria.
Sebastián Dávalos, hijo de la mandataria y esposo de Compagnon, fue investigado en esta causa, pero no ha sido formalizado y al parecer ya no lo será, aunque los tribunales han negado su sobreseimiento definitivo.
Los principales imputados son Compagnon y su socio en Caval, Mauricio Valero. La nuera de Bachelet está formalizada por declaraciones de impuestos maliciosamente incompletas o falsas, mediante facturas falsas, mientras que Valero enfrenta cargos por el mismo delito, además de soborno.
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Los otros imputados en la arista principal son el síndico de quiebras Herman Chadwick (vendió los terrenos a Caval), Juan Díaz (ayudó al síndico), Cynthia Ross (arquitecta de la Municipalidad de Machalí), Jorge Silva (director de Obras de la municipalidad) y Marisol Navarrete (esposa de Silva). Además de las personas naturales, la sociedad Caval fue imputada como persona jurídica.
Los ilícitos imputados, según cada cual, son delitos tributarios, ventajas indebidas del síndico, cohecho y soborno. Las penas van de los 541 días a los 15 años de cárcel, pero hay atenuantes que rebajarían sustancialmente las eventuales sentencias.
