La historia es así: Una joven costarricense de 23 años viaja a Chile para recibir instrucción durante dos años en la Escuela de Oficiales de Carabineros. La mujer es funcionaria del Ministerio de Defensa del país centroamericano y se integra como becaria a la institución en Chile. El 1 de julio de este año ella se presenta frente a un teniente instructor quién presuntamente la habría violado, ese mismo día intenta suicidarse por lo que es llevada a la clínica de la escuela y luego al Hospital de Carabineros.
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Cuatro días después de ser internada se le comunicó al embajador de Costa Rica, Manuel Rojas, quien al día siguiente visitó a su compatriota en el hospital. Desde ese día y hasta el 12 de agosto funcionarios de la embajada mantuvieron contacto con la afectada, hasta que el 13 de agosto -por razones desconocidas y no comunicadas a la embajada de Costa Rica- la mujer fue trasladada a un centro médico psiquiátrico privado ubicado en El Arrayan, en la comuna de Lo Barnechea.
Desde el 13 de agosto J.V.Z. estuvo incomunicada de su familia en Costa Rica, aunque recibió la visita el Cónsul General de su país tres días más tarde y sólo durante tres minutos. El diplomático dijo al INDH que la encontró fuertemente sedada.
En las mismas condiciones de aislamiento y fuerte sedación estaba la tarde del 18 de agosto, cuando un abogado del INDH acompañado de una sicóloga forense la entrevistaron, luego de indicar a la dirección del recinto siquiátrico que, para efectos legales, la joven costarricense estaba privada de libertad y bajo custodia del Estado.
Allí los profesionales del INDH pudieron constatar el estado de ella, quien a pesar de que se encontraba con síntomas como ansiedad, expresó su voluntad de abandonar el centro médico. En la entrevista relató que era sedada cuatro veces al día, y que además había permanecido amarrada a su cama durante las noches, que había sido privada de alimentación y que era víctima de malos tratos.
Estos hechos motivaron la interposición inmediata de un recurso de amparo. La joven recibió la visita de la magistrada del Cuarto Juzgado, Carolina Araya, quien entrevistó a la amparada, constató las condiciones en que estaba y escuchó su voluntad de abandonar el recinto. Con estos hechos la jueza ordenó su traslado al Hospital Psiquiátrico Instituto José Horwitz Barak, acción realizada la madrugada del 19 de agosto y que fue acompañada por profesionales del INDH y el director del organismo, Branislav Marelic. La dirección del hospital y los doctores tratantes comunicaron el 23 de agosto que la mujer estaba recuperada de su condición médica.
Por ello el jueves 24 declaró ante la Fiscalía, reiteró sus denuncias y el viernes viajó de regreso a San José de Costa Rica.
Además de la investigación que inició el Ministerio Público a solicitud del INDH, también Carabineros abrió un sumario ante la justicia militar.
