Todos los meses del año tienen una particularidad, que les distingue del resto. Para el gremio de los transportistas, el octavo mes que cierra perfectamente pudiera bautizarse como «Agosto Rojo», ya que en menos de 15 días 47 camiones fueron incendiados en la Región de la Araucanía, colocando sobre el tapete la pertinencia de aplicar o no la Ley Antiterrorista por parte del Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
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La madrugada de este lunes, 29 vehículos aparcados en San José de la Mariquina fueron incendiados, pintando de anaranjado el cielo de la Región de los Ríos. El estacionamiento de la empresa Sotraser, dedicado al transporte maderero se convirtió en un infierno. No hubo pérdidas humanas, pero sí cuantiosas materiales: cerca de 6 millones de dólares.
Al estupor generalizado en todo Chile, por el acto de violencia, se sumaron las polémicas declaraciones del Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien acusó a los empresarios del ramo de ser negligentes y no colaborar con condiciones mínimas de vigilancia, ya que el estacionamiento no poseía ni siquiera una cámara. Siete hombres armados sometieron al único vigilante y procedieron a prenderle fuego a las costosas unidades.
«Yo lo que estoy es abogando por una cooperación de los ciudadanos, especialmente de las empresas que están expuestas a este tipo de situaciones. Jamás he propuesto que se constituyan autodefensas», dijo el Fiscal Nacional a TVN.
Tanto el ministro del Interior Mario Fernández, como el subsecretario Mahmud Aleuy, afrontaron la crisis desde temprano calificando el hecho como un «atentado». La presidenta Bachelet fue enfática en su condena: «Vamos a combatir la violencia y vamos a persistir en el diálogo».
Pero desde el gremio de transportistas, recibieron las palabras de los funcionarios del ejecutivo como un «saludo a la bandera». Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) aseguró a Publimetro “Nos solidarizamos con nuestros hermanos de Chile Transporte. Los camioneros somos uno solo: responsabilizamos al Gobierno y en particular al subsecretario Mahmud Aleuy por esta situación”.
Por otra parte, sobre los incidentes de este lunes, la policía aún no ha dado con responsables. Ello porque en la empresa Sotraser no habían cámaras de seguridad, medida que es optativa para esos parqueaderos, de acuerdo al nivel de riesgo que pudieran presentar. Carabineros de Chile indicó que en un segundo peritaje se encontró un documento, escrito a mano, en el cual un grupo se habría adjudicado la responsabilidad del hecho. Dicho grupo, según el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, sería el Weichan Auka Mapu, organización que en el pasado ha perpetrado iniciativas similares.
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Presidenciables alzaron la voz
El acto de violencia generó reacciones entre los aspirantes a La Moneda. El candidato presidencial de Chile Vamos, el ex presidente Sebastián Piñera, expresó enfáticamente su condena a los ataques incendiarios a los camiones de carga y prometió aplicar una renovada la Ley Anti terrorista en este tipo de delitos.
«En mi gobierno, vamos a aplicar con fuerza la Ley Anti terrorista, pero modernizada a fin de adaptarla a las necesidades del Chile de hoy, donde se pueda aplicar inteligencia preventiva para estos ataques, e incluso para los delitos vinculados con el narcotráfico», dijo el abanderado de Chile Vamos y líder de las encuestas, en la carrera presidencial hacia las elecciones de noviembre.
Otros aspirantes presidenciales se pronunciaron o declinaron hacerlo, en torno a este delicado punto. Alejandro Guillier de la Nueva Mayoría, respaldó las acciones del gobierno, mientras que Carolina Goic condenó la violencia.
La abanderada del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, argumentó que faltaban muchas piezas en el rompecabezas y prefirió declinar adelantar juicio. José Antonio Kast dijo que la función de las empresas es emprender y producir, no armarse para defenderse del terrorismo. «Chile no merece autoridades tan incapaces», dijo Kast.
Lo cierto del caso, es que 209 camiones han sido reducidos a cenizas en la Araucanía, en el segundo período de la presidenta Bachelet, quien tendrá que mirar un poco más al sur, región donde las tensiones crecen a un ritmo de vértigo.
Si a este panorama, le colocamos como marco de fondo el juicio del asesinato del matrimonio Lushsinger, la situación se vislumbra poco menos que explosiva.
