Fiscal de La Mariquina: "ausencia de cámaras dificulta las investigaciones de camiones quemados"

El percutor reconoció una "falla" generalizada en la institución que representa para descubrir a los responsables de los atentados.

Por Aton Chile

El fiscal jefe de la Mariquina, Alejandro Ríos, asumió su “cuota de responsabilidad” ante el reciente atentado que dejó 29 camiones quemados en la zona, y afirmó que "fallamos todos" por la falta de resultados en las investigaciones por los incidentes en las regiones del sur del país.

"Uno no puede dejar de reconocer y preocuparse de que, en general, la mayoría de estos hechos no hemos sido capaces de lograr determinar los autores de los mismos. Eso es una realidad", indicó a radio Cooperativa.

A juicio de Ríos, "deben mejorarse en todos los aspectos” las investigaciones, “esto es el trabajo de inteligencia policial, un mejor trabajo de coordinación policial, un mejor trabajo investigativo de las policías que va desde el punto de vista de las evidencias hasta luego tratar de determinar a los autores de los mismos"

"Y lógicamente asumir -al menos así lo hago yo- de que cuando uno no tiene un resultado, debe tener una cuota también de responsabilidad en no haber sido capaz, a lo mejor, de guiar o coordinar de mejor manera todos esos esfuerzos policiales para lograr un resultado", acotó.

El persecutor enfatizó en que "creo que fallamos todos en el sentido de que la realidad es tan compleja y son delitos tan complejos, porque la forma de comisión, en general, los hace muy difíciles de investigar, son en sectores rurales, en que no existe ningún medio de prueba establecido como cámaras de vigilancia, en que tampoco existe presencia de testigos, alejados del mundo urbano".

"Lo hace más difícil, pero eso tampoco puede ser una excusa en el sentido de que nosotros tenemos que ser (capaces) como Fiscalía, y también ahí en el trabajo coordinado con las policías, de superar esta nueva realidad compleja", reafirmó.

Finalmente, el fiscal jefe de Mariquina dijo que “no me parece que las personas tengan que armarse. Deben confiar en el ejercicio de las instituciones públicas, ya sea para la seguridad como también para la persecución y juzgamiento de los delitos”.

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