La ONU acusó este miércoles al gobierno venezolano de aplicar «una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones».
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«El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados», señaló un informe publicado por la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).
En el documento, la ACNUDH pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que examine la posibilidad de tomar medidas para evitar que se agrave la situación en este ámbito en Venezuela, un país miembro de dicho Consejo.
Entre abril y finales de julio, Venezuela vivió una ola de protestas en las que los opositores instaron al presidente Nicolás Maduro a abandonar el poder.
Según el Ministerio Público venezolano, 124 personas murieron durante esas manifestaciones, entre el 1 de abril y el 31 de julio.
Para la ACNUDH, 46 de estos fallecidos eran manifestantes que murieron presuntamente a manos de las «fuerzas de seguridad» y 27 fueron manifestantes abatidos supuestamente por los grupos armados progubernamentales conocidos como «colectivos».
Las organizaciones de la sociedad civil contabilizaron, por su parte, 157 muertos durante el mismo periodo, recuerda el texto.
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«Las estrategias empleadas por las autoridades en respuesta a las protestas se aplicaron a expensas de los derechos y las libertades de los venezolanos», afirmó el Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein.
«El derecho a la reunión pacífica fue violado sistemáticamente y los manifestantes y personas identificadas como opositores políticos fueron detenidos en gran número», aseguró.
Casos equivalentes a torturas
Puesto que las autoridades venezolanas se negaron a que investigadores de la ONU entraran en el país, Zeid encargó a un equipo de especialistas en derechos humanos que entrevistaran a distancia, entre el 6 de junio y el 31 de julio de este año, a cerca de 135 víctimas y sus familias, así como a testigos, periodistas, abogados, médicos y miembros del Ministerio Público.
Los redactores del documento aseguran, citando a oenegés locales, que más de 5.000 personas fueron detenidas a partir del 1 de abril, de las cuales más de mil permanecían aún encarceladas el 31 de julio.
«En el informe se identifican también violaciones graves del debido proceso judicial y patrones de malos tratos, que en algunos casos equivalen a torturas», añadió Hussein.
El documenta denuncia el recurso a «descargas eléctricas, prácticas de suspensión por las muñecas durante largos periodos, asfixia con gas y amenazas de muerte o amenazas de violencia sexual».
La ACNUDH comprobó que las autoridades fueron incrementando el uso de la fuerza contra los manifestantes, analizando la información aportada por el personal médico sobre los heridos.
Según el organismo, en la primera mitad de abril, «la mayoría de los manifestantes fueron atendidos por intoxicación causada por gases lacrimógenos», mientras que en julio varias personas fueron tratadas tras recibir heridas de bala.
El Alto Comisionado también denunció los ataques perpetrados por las fuerzas de seguridad contra periodistas y empleados de medios de comunicación para impedirles que cubrieran las manifestaciones.
«Manifestantes y periodistas fueron calificados de enemigos o de terroristas por las autoridades, palabras que no contribuyeron en absoluto a calmar el clima de violencia y de polarización», afirmó.
«El gobierno de Venezuela debe velar por que se lleve a cabo una investigación rápida, independiente y efectiva de las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por las fuerzas de seguridad, y de los abusos que se atribuyen a los colectivos armados o a los manifestantes violentos», exigió el Alto Comisionado.
