Este jueves se cumple un año de la destitución de la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en medio de una profunda crisis política marcada por la corrupción.
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El Senado brasileño removió a la ex mandataria por 61 votos a favor y 20 en contra el 31 de agosto del 2016, un proceso que duró nueve meses.
Sin embargo, la destitución de Dilma se desmarca de los casos de deshonestidad pública que hoy pesan sobre los políticos brasileños, ya que la ex jefa de Estado fue acusada de haber alterado las cuentas fiscales de 2014, un hecho más político que de otro carácter.
Según el análisis de Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, “el malestar y la decepción de la ciudadanía frente a los políticos involucrados en casos de corrupción se focalizó en su figura y la oposición brasileña la convirtió en una suerte de ‘sacrificio’ con el cual esperaban aplacar el malestar de la ciudadanía. Pero al final eso no ocurrió”.
“Más allá de la destitución misma, lo cierto es que la remoción de Dilma demostró que nadie es intocable en Brasil, lo que ha facilitado el trabajo de la justicia a través de los diferentes fiscales”, agregó.
Varios de los principales impulsores del impeachment contra la ex presidenta están siendo investigados por la fiscalía en casos de irregularidades. Inclusive Eduardo Cunha se encuentra en prisión por participar en el bullado episodio Petrobras.
Un pesimista escenario se espera para las elecciones presidenciales del 2018 debido a los complejos casos de corrupción que estigmatizan el plano político.
De acuerdo a lo que expresa Rojas “es probable que los brasileños acaben eligiendo al ‘mal menor’, porque no se ve una figura política tradicional que pueda mostrar un perfil intachable”.
