El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, afirmó este miércoles que la democracia en Venezuela «apenas está viva, si todavía está viva», al presentar un informe que acusa al gobierno venezolano de «tratamientos degradantes asimilables en ciertos casos a la tortura».
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El texto denuncia el recurso a «descargas eléctricas, prácticas de suspensión por las muñecas durante largos periodos, asfixia con gas y amenazas de muerte o amenazas de violencia sexual».
Puesto que las autoridades venezolanas se negaron a que investigadores de la ONU entraran en el país, Zeid encargó a un equipo de especialistas en derechos humanos que entrevistaran a distancia, entre el 6 de junio y el 31 de julio de este año, a cerca de 135 víctimas y sus familias, así como a testigos, periodistas, abogados, médicos y miembros del Ministerio Público.
«El derecho a la reunión pacífica fue violado sistemáticamente y los manifestantes y personas identificadas como opositores políticos fueron detenidos en gran número», aseguró.
Los autores del documento aseguran, citando a oenegés locales, que más de 5 mil personas fueron detenidas a partir del 1 de abril, de las cuales más de mil permanecían aún encarceladas el 31 de julio.
El la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) comprobó que las autoridades fueron incrementando el uso de la fuerza contra los manifestantes, analizando la información aportada por el personal médico sobre los heridos.
Según el organismo, en la primera mitad de abril, «la mayoría de los manifestantes fueron atendidos por intoxicación causada por gases lacrimógenos», mientras que en julio varias personas fueron tratadas tras recibir heridas de bala.
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El Alto Comisionado también denunció los ataques perpetrados por las fuerzas de seguridad contra periodistas y empleados de medios de comunicación para impedirles que cubrieran las manifestaciones.
«Manifestantes y periodistas fueron calificados de enemigos o de terroristas por las autoridades, palabras que no contribuyeron en absoluto a calmar el clima de violencia y de polarización», afirmó el informe.
El informe pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que examine «la posibilidad de adoptar medidas para evitar un mayor deterioro de la situación de los derechos humanos» en Venezuela, un país miembro de dicho Consejo.
Según el Ministerio Público venezolano, citado en el documento, 124 personas murieron durante estas protestas, entre el 1 de abril y el 31 de julio.
Para el ACNUDH, 46 de estos fallecidos eran manifestantes que murieron presuntamente a manos de las «fuerzas de seguridad», y 27 fueron abatidos supuestamente por los grupos armados progubernamentales conocidos como «colectivos». Añade que los autores de las otras muertes no fueron todavía identificados.
