La justicia brasileña suspendió la aplicación de un polémico decreto que autorizaba la explotación minera privada en una gigantesca área de la selva amazónica, sumando un nuevo cuestionamiento a los planes de apertura económica del presidente Michel Temer.
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El juez de Brasilia Rolando Spanholo ordenó «suspender inmediatamente cualquier acto administrativo que apunte a extinguir la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (RENCA)», una zona de 47.000 km2 (mayor que la superficie de Dinamarca), situada entre los estados de Pará y Amapá, indica el acta judicial.
El magistrado argumenta que el decreto no fue «precedido de la necesaria autorización del Congreso Nacional», como lo impone la Constitución, y podría «colocar en riesgo la protección ambiental (…) y la protección de las comunidades indígenas locales».
La Abogacía General de la Unión (AGU, que defiende los intereses del Gobierno) anunció que recurrirá la decisión.
El decreto fue publicado la semana pasada por Temer, que el martes lo reemplazó por uno nuevo, con mayores precisiones sobre medidas de protección ambiental, ante el aluvión de críticas procedentes de grupos ambientalistas, de la Iglesia Católica y de varias celebridades.
El nuevo texto prohibía explícitamente la explotación minera en áreas donde haya «sobreposición parcial» de áreas protegidas o «tierras indígenas demarcadas», «excepto si está previsto en el plan de gestión».
Los grupos ambientalistas argumentan, sin embargo, que la extinción de Renca acelerará el avance de la minería privada y la deforestación sobre las áreas de preservación.
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La decisión de extinguir Renca, así como otras medidas del gobierno, generaron un fuerte rechazo entre la población, que se sumó a través de las redes sociales a la campaña «Todos por la Amazonía», impulsada con fuerza por la poderosa topmodel Gisele Bundchen.
Artistas brasileños como Caetano Veloso y Anitta también se sumaron a la cruzada.
El martes, los planes de Temer recibieron un golpe desde un organismo gubernamental, el Ibama, a cargo de la gestión ambiental, que amenazó con poner fin al proceso de autorización de prospección de petróleo en la desembocadura del Amazonas si la firma francesa Total, líder del proyecto, no ofrecía garantías de protección a una barrera de coral.
«La presión está funcionando. No podemos parar», afirmó Greenpeace en las redes sociales luego de conocer la suspensión.
ONG y legisladores contra la extinción de la reserva realizaron un acto en el Congreso y celebraron la medida judicial.
«Este es el momento para que digamos ‘ningún retroceso más'», afirmó la excandidata presidecial Marina Silva, que fue ministra de Medio Ambiente de Luiz Inácio Lula da Silva entre 2003 y 2008.
«La sociedad brasileña debe movilizarse para no permitir la continuidad de estos retrocesos que desde 2012 sólo se profundizan», agregó.
Marina Silva afirmó que para el gobierno de Temer, «la agenda ambiental, la agenda indígena y de derechos humanos se convirtieron en moneda de cambio».
Silva recordó que Brasil redujo en 84% la deforestación entre 2004 y 2012, y que el país se comprometió -en el Acuerdo sobre el clima de París- a eliminar la tala ilegal para 2030 y reducir en 43% sus emisiones de carbono.
Desde 2012, sin embargo, la superficie deforestada volvió a aumentar, según datos del Ministerio del Medio Ambiente, aunque esta tendencia podría revertirse este año, sostienen las autoridades.
Ese aumento de los últimos años le valió a Brasil una advertencia del gobierno de Noruega, que, si la situación no mejora, podría reducir a cero su aporte financiero a un fondo brasileño para proteger la selva amazónica.
