Millonarias multas y hasta 541 días de cárcel se arriesgarían por incitar a la violencia en Chile

La Presidenta Michelle Bachelet firmó ayer el proyecto que busca tipificar el de incitación a la violencia, el cual pretende sancionar con cárcel a las personas que incurran en estas prácticas.

En la ceremonia celebrada en el Salón Montt Varas la mandataria le dio visto bueno a la iniciativa que apunta a sancionar a quien públicamente o a través de cualquier medio apto para su difusión pública incite directamente a la violencia física contra una persona o grupo de personas, ya sea por sus o creencias, origen nacional o étnico, sexo o identidad de género.

Quienes incitaran directa o indirectamente a agredir a personas o grupos arriesgarían penas que van desde multas de entre $1.400.00 a $2.330.000 aproximadamente hasta pena de presidio menor en su grado mínimo, que involucra de 61 a 540 días de cárcel.

En el caso que el delito sea cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus labores o en razón de su cargo, la pena irá de 541 días a 3 años, y la multa será de 50 UTM.

También con este proyecto se penalizaría a los medios de comunicación o plataformas masivas que contentan mensajes que directa o indirectamente avalen este tipo de actos.

“Estos son los estándares internacionales que se usan para garantizar que no se cometan abusos en este sentido, estándares que Chile también está adoptando y reconociendo en este proyecto. Estándares, además, que crecientemente debemos exigir a quienes cuentan con el privilegio de hacer sus opiniones en el espacio público”, detalló la jefa de Estado en la ceremonia.

Esta modificación al Código Penal contaría con un apoyo extendido entre los diversos sectores, tal como explica Oscar Rementería ex vocero de Movilh y actual candidato a diputado de Amplitud por la Región de Valparaíso “este proyecto de ley concita un apoyo transversal. En el 2010 se presentó el primer proyecto que sanciona la incitación al odio firmado por la senadora Lily Pérez y con el apoyo de la Nueva Mayoría”.

“Lo que se busca es sancionar aquellos discursos ya sean escritos o verbales que llamen a un sector de la población a castigar a otro, o que ciertas organizaciones llamen a erradicar o marginar los derechos de otros grupos, como lo que pasó con el mal llamado “bus de la libertad”, cuyos mensajes llamaban a limitar los derechos de la diversidad sexual, así como también los dichos de su vocera, Marcela Aranda, que catalogaba a este grupo como ciudadanos de segunda clase”, explicó el candidato a la Cámara.