La intendenta de la Región de la Araucanía Nora Barrientos exigió oficialmente la renuncia del ex director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de la zona, Jorge Saffirio, luego de estar inmiscuido en un complejo caso de acoso sexual laboral, del cual finalmente resultó declarado culpable.
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Después de tres años de complejas pericias, la intendencia respondió al veredicto emanado por la fiscal a cargo de la investigación del sumario administrativo, Carolina Chiang, aún cuando Saffirio recibiera una indulto por parte de la Presidenta Michelle Bachelet en julio pasado, el que habilitaba al directivo a seguir en sus labores, pasando a llevar incluso la decisión de la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, quien acogió la decisión de desvincular al denunciado.
Decisión tomada por la jefa de Estado que fue criticada incluso por el hermano del implicado, el diputado independiente (ex DC) René Saffirio.
Lamento incoherencia de resolución Presidenta.Frente a abusos de mujeres no tengo doble standard,ni siquiera tratándose de un hermano.
— René Saffirio E. (@renesaffirio) July 18, 2017
La denuncia realizada por Manuela Pérez, ingeniera que durante siete años fue funcionaria de la institución y que recibió el despido luego de seis meses de dar por enterada la situación, dio paso a que otros casos de acoso laboral también salieran a la luz y este martes entregó junto a la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres una carta pidiendo que lo sancionen y se reconozca públicamente que es culpable de las agresiones, como se afirma en el fallo del sumario realizado.
Tal como señaló la denunciante que fue acosada a sus 37 años, las razones de hacer pública se debe a que «fui acosada por un jefe de servicio público, situación que fue ocultada por el Serviu en su momento y que luego la presidencia, aún teniendo conocimiento del resultado del sumario, lo decide indultar».
La profesional que estaba a cargo de la evaluación de los proyectos de vivienda en La Araucanía explicó que «no sabía a quien recurrir porque él era la máxima autoridad del servicio e incluso cuando se enteraron que estaba dispuesta a denunciar sufrí acoso laboral para que renunciara y me fuera sin decir nada, pero luego Carmen Fernández que era jefa del personal y ella tomó mi caso y juntas empezamos a ver cuál era la mejor forma de llevar esta denuncia. Fue ahí que a los seis meses me despidieron por supuesto ‘cambio de perfil de cargo'».
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Incluso, Fernández, funcionaria que denunció la situación de acoso y que lleva 31 años de servicio afirma que «durante el proceso, que data de tres años sufrí de acoso laboral para que dejara botado el proceso y vi malas prácticas e inadecuadas».
Lorena Astudillo, abogada de la Red y quien acompaña a Manuela en este proceso, afirma que «No nos basta con que solo le pidan la renuncia, sino que también queremos saber cuáles son las razones que después de tres años de pasado el suceso recién ahora lo hayan despedido. Que el Gobierno finalmente reconozca que avaló a un agresor, quien acosó sexualmente a una funcionaria que luego se tuvo que ir del servicio. El sumario declaró culpable a Saffirio pero aún así la Presidenta lo indultó y esto no es posible».
«Independiente del sumario, un tipo que te agarra la pierna y que empieza a subir la mano para tocarte los genitales, además te dice cosas y es tu jefe, no puede suceder. Nadie puede tocarte sin tu consentimiento», afirma Astudillo.
«En la carta le pedimos al Ejecutivo que sea transparente con este tipo de casos y no que se pida la renuncia en hermetismo, para que en meses después sea trasladado de lugar o para que 5 años más no sea puesto nuevamente en un cargo público o 15 años después quiera ser diputado, como lo que pasó con Ricardo Rincón», expresa la abogada.
Respecto a este último punto, la especialista en derechos de las mujeres afirma que «este caso coincide con la campaña que llevamos en la red de prohibir que agresores de mujeres, como Rincón o como el alcalde de Cabrero que está siendo investigado por violencia intrafamiliar, puedan ostentar un cargo público que son quienes realizan las políticas públicas. Pero esto no es casual, porque agresores de mujeres hay en todas partes».
Ahora la denunciante esperará la respuesta de la Presidenta, quien cuenta con 20 días hábiles para dar respuesta a la carta entregada.