El fiscal general de Brasil denunció el martes a los ex presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y Dilma Rousseff (2011-2016) junto a varios dirigentes de su Partido de los Trabajadores (PT) por formar una organización criminal para desviar fondos de Petrobras.
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Los crímenes habrían sido practicados por lo menos desde mediados de 2002 hasta el 12 de mayo de 2016″, cuando Rousseff fue separada del cargo en el marco de un juicio de impeachment, indicó la Fiscalía en un comunicado.
La denuncia -que apunta también a otros partidos como el PMDB del presidente conservador Michel Temer- señala al PT de haber recibido sobornos por valor de 1.485 millones de reales [USD 475 millones al cambio actual] «por medio de la utilización de órganos públicos como Petrobras, el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) o el Ministerio de Planificación», añade el escrito.
Esta es la primera denuncia que recibe Rousseff, destituida hace un año acusada de maquillar las cuentas públicas, en el marco de la enorme Operación Lava Jato, que investiga el multimillonario fraude que esquilmó a la petrolera estatal.
Para el fiscal general Rodrigo Janot, sin embargo, gran parte de esta «organización criminal» que llegó a adquirir «carácter transnacional» fue comandada por su predecesor e ícono de la izquierda latinoamericana.
En ese sentido, Lula (…) fue un importante líder, sea porque fue uno de los responsables por la formación de la organización y por el diseño del sistema de recaudación de sobornos, sea porque, en calidad de presidente de la República durante ocho años, actuó directamente en la negociación espuria en torno al nombramiento de cargos públicos», argumenta Janot.
En su extensa denuncia de más de 200 páginas, el fiscal pide que los ocho acusados, entre los que figuran también cinco exministros, indemnicen a Petrobras con 6.800 millones de reales, además de perder sus cargos públicos y arriesgarse a penas que oscilarían entre los tres y los ocho años de prisión.
