El régimen sirio empleó armas químicas en al menos cuatro ocasiones entre marzo y junio de este año, incluido el ataque del 4 de abril en la localidad de Jan Shijún, que la Comisión de Investigación de la ONU ha determinado se cometió con gas sarín y fue perpetrado por la Fuerza Aérea.
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En su décimo cuarto informe sobre violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos en Siria entre el 1 de marzo y el 7 de julio, la Comisión señala que «entrevistas e informes de alerta temprana indican que un avión Sujoi 22 (Su-22) llevó a cabo cuatro ataques aéreos en Jan Shijún a las 06.45 hora local».
«Solo fuerzas sirias operan este tipo de avión», señala la Comisión sobre el ataque, en el que se usaron tres bombas convencionales y una química; y en el que murieron 83 personas, entre ellas 28 niños y 23 mujeres, y dejó heridas a otras 293 personas, incluidos 103 menores.
En la zona fueron encontrados restos de la bomba, y aunque la Comisión no ha podido determinar el tipo exacto del arma química utilizada, «las partes son consistentes con bombas de gas sarín producidos por la antigua Unión Soviética en la clase de bombas de 250 kilogramos, que tendría aproximadamente 40 kilogramos de sarín, dependiendo de la munición utilizada».
Este órgano de la ONU tuvo en cuenta las conclusiones de la misión de investigación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), que dijo que las víctimas habían sido expuestas a gas sarín o una sustancia parecida al sarín, pero hizo sus propias investigaciones de manera independiente.
En este contexto llegó a la conclusión que efectivamente, los «síntomas sufridos por las víctimas es consistente con la exposición de gas sarín», lo que supone un crimen de guerra.
El informe de la Comisión también señala otros tres ataques con armas químicas entre marzo y julio por parte de las fuerzas gubernamentales en Al-Latamneh, en Guta Oriental, y otros dos casos en la gobernación de Damasco, donde se empleó gas cloro.
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En otro apartado, la ONU señala que, con las treguas locales se produjeron evacuaciones que equivalen al «crimen de guerra del desplazamiento forzado», como fue el caso en Madaya y Barza, Fua y Kafraya o Tishreen y Qabun.
Las fuerzas progubernamentales obligaron a ciertas personas de áreas previamente asediadas a someterse a un proceso de reconciliación si querían quedarse.
En la práctica este proceso permitió al régimen «filtrar» la población dependiendo de su lealtad y como tal se produjo el desplazamiento tanto de combatientes como de grupos de civiles disidentes en la forma de una evacuación organizada.
La ONU igualmente destaca que grupos armados y terroristas seguían atacando entre marzo y julio intencionalmente a civiles pertenecientes a minorías religiosas y a utilizarlos como rehenes, lo que constituye otro crimen de guerra.
También continuaron los ataques a instalaciones médicas.
En el primer caso, la Comisión se refiere específicamente a Hay’at Tahir al Sham, el Estado Islámico (EI) y grupos armados que emplearon coches bomba y suicidas, francotiradores y el secuestro como armas contra minorías, como la chií.
La ONU también denuncia ataques intencionados contra lugares religiosos, y afirma que el que tuvo lugar en Al-Jinah por parte de EEUU en marzo contra un edificio adyacente al centro de oración de una mezquita y en el que fallecieron 38 personas, «violó la ley internacional humanitaria» al no proteger suficientemente a los civiles.
