A principios de esta semana fue revelado que el senador Alejandro Guillier pagó cerca de $19 millones por una asesoría que incluyó documentos con párrafos copiados textualmente de la página web del Congreso. La revelación pegó fuerte en el entorno del candidato del oficialista Frente de Mayoría y derivó en un enfrentamiento de declaraciones entre el Senado y el Ministerio Público, que apuntó a ampliar a la Cámara Alta indagaciones en este ámbito.
PUBLICIDAD
El abanderado presidencial había justificado la adquisición de los polémicos informes, elaborados por Beltrán Asociados Spa. «No pueden esperar que lea todos los informes», planteó esta semana.
El tema genera distintas visiones entre analistas y parlamentarios. Así, para Mauricio Morales, director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, el caso -revelado por un reportaje de Radio Bío Bío- podría derivar en la figura de fraude al Fisco, aunque al mismo tiempo muestra cautela y reconoce que por el momento «no hay cómo comprobarlo».
«Si se llega a comprobar que estas empresas (consultoras) eran de papel y que los informes eran solamente la justificación para blanquear los dineros, entonces estaríamos frente a la figura de fraude al Fisco y pasaría a constituir un delito. El gran asunto acá es si se llega a destapar la ‘caja negra’ de la Cámara y del Senado respecto a las asesorías, si estos pagos son bien hechos, o son ‘truchos'», explica a Publimetro.
«Confío en que no haya desvío de recursos»
En cambio, para el senador José García Ruminot (RN), miembro de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Alta, no habría «dolo» de parte de su colega Guillier. «Creo que él es candidato presidencial de un conglomerado amplio y grande. Hago fe de lo que él está diciendo puede ser la verdad. Él tiene claro que no puede estar faltando a la verdad», afirma.
La misma postura sostiene el diputado Germán Verdugo (también RN). «Yo confío en que no (se esté cometiendo fraude), porque ya estaríamos hablando de un delito», declara. «Yo no descarto nada, no afirmo nada, no me corresponde porque pertenezco a la comisión de Ética y Transparencia y será ésta la que tenga que pronunciarse. Además, no tengo los antecedentes para poder decir nada, pero confío en que no hay desvíos de recursos», recalca.
En cualquier caso, Morales considera que de todas maneras hay una responsabilidad de la que Guillier no se puede eximir: la de recibir los informes «copypasteados».
PUBLICIDAD
«En primer lugar, los senadores tienen un presupuesto para pagar ese tipo de asesorías. Ellas deberían ser genuinas, no plagiadas. El plagio es un delito. Y en segundo lugar, la excusa que ha dado el senador es que no puede leer todas las asesorías. El tema es, entonces, para qué las pide si no las puede revisar. La excusa agrava la situación más que aclararla», argumenta.
«Si bien es cierto que la empresa es responsable, él es un cómplice pasivo, porque es depositario de esas asesorías y debe certificar su calidad. Imagínese: si es Presidente de la República, ¿cómo va a certificar la calidad de lo que se le entregue?», se preguntó.
Por su parte, este jueves el Senado cuestionó al Ministerio Público por pedir antecedentes para ampliar la investigación a otras asesorías. La negativa se expresó a través de un oficio que indicaba que no accederían a la petición «en las condiciones requeridas»aunque declararon estar «disponibles para entregar la información pública que se requiera, en la forma prescrita por la Constitución y la ley», según dice La Tercera.
