Tras una larga y tosca sesión, la cámara, con mayoría absoluta para los independentistas, aprobó la llamada «Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República» con 71 votos favorables, 10 en contra y la ausencia de gran parte de los diputados opositores.
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-¿Qué supone esta ley?-
El texto, que sólo entrará en vigor en caso de victoria independentista en el referéndum, «constituye Cataluña como República», se autoerige como «norma suprema» de la región hasta aprobarse una constitución y designa al gobierno regional como «la autoridad aduanera» en el territorio. En ese caso, se crearía un marco legal alternativo al español, en el que Cataluña se constituiría en «una república de derecho, democrática y social», cuya «soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña» y cuyo «jefe de Estado» sería el presidente de la Generalitat, según reza el texto.
Esta «norma suprema» temporal prevé también la organización de tres votaciones: unas elecciones constituyentes para elaborar la Carta Magna de una república independiente, un referéndum para aprobarla y unos comicios legislativos posteriores.
Además de establecer un nuevo sistema electoral catalán, crea un poder judicial catalán específico, transformando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el nuevo Tribunal Supremo de Cataluña, creando al mismo tiempo una Sala Superior de Garantías que oficiaría de Tribunal Constitucional. Recalca, no obstante, que el poder judicial ha de funcionar de manera coordinada con el poder ejecutivo, por lo que se inventa una comisión mixta formada paritariamente por el Supremo y el Gobierno, con lo que dinamita la separación de poderes.
la Generalitat ha lanzado una campaña de seducción para conseguir la máxima participación posible que legitime la cita electoral. «Ahora más que nunca, el futuro de Cataluña está en tus manos», asegura un anuncio publicitario del gobierno regional.
Su principal enemigo es una abstención masiva de los partidarios del «no», promovida por los partidos contrarios a la secesión, que el miércoles denunciaron insistentemente la ilegalidad del proyecto.
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-Siguen adelante-
Como ocurrió en la víspera al aprobar la ley para regular el referéndum, la ley se despachó de forma acelerada, eliminando muchos de los trámites necesarios y dando sólo dos horas a la oposición para presentar enmiendas.
Ambas suponen un desafío a la prohibición dictada por el Tribunal Constitucional, que les instó a frenar sus planes separatistas. Menos de 24 horas después, los magistrados ya suspendieron cautelarmente el referendo convocado por el presidente regional Carles Puigdemont.
El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo el jueves en una declaración oficial que «lo que no es legal no es democrático», al informar a la prensa de la presentación de los recursos.
Añadió que defenderá «el imperio de la Ley» y hará todo lo necesario, «sin renunciar a nada», para evitar el proceso secesionista.
«En España se puede ser independentista. Lo que no se puede hacer, y no se hará, al menos mientras yo sea presidente del Gobierno, es pasar por encima de nuestras normas democráticas para conseguirlo», remató.
La Fiscalía General del Estado, por su parte, anunció una querella contra el Gobierno regional de Cataluña por el decreto de convocatoria, que se suma a la que se presentará contra los miembros de la Mesa (órgano de dirección) del Parlamento catalán que permitieron la tramitación de la ley del referéndum.
Aun así, los independentistas prometieron seguir adelante a pesar de las advertencias del ejecutivo central del conservador Mariano Rajoy y las querellas anunciadas por la fiscalía general del Estado contra los miembros del gobierno regional.
