La tardía reacción del gobierno argentino ante la desaparición del joven Santiago Maldonado fue denunciada este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, como un caso que exige que se oriente cuanto antes recursos para alcanzar su aparición con vida.
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El hecho ha conmocionado y dividido la sociedad argentina luego que la Justicia, los organismos de derechos humanos y la familia calificaron el hecho de «desaparición forzada». El gobierno lo ha rechazado de plano.
La ONG argentina Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expuso en Ginebra el polémico caso de Maldonado, artesano de 28 años que participó el 1 de agosto de una manifestación mapuche, pueblo que reivindica tierras en la Patagonia adquiridas por el magnate italiano Luciano Benetton.
Una semana después de la desaparición el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU requirió una estrategia integral para localizar a Maldonado que contemplara como hipótesis principal la responsabilidad de la Gendarmería (policía militarizada).
Sin embargo el gobierno de Mauricio Macri cerró filas en favor de la actuación de esa fuerza federal.
En vez de ponerse a la cabeza de la investigación y colaborar con firmeza con la pesquisa judicial para dar con su paradero, el Poder Ejecutivo Nacional ha negado sistemáticamente toda participación de la Gendarmería», indicó Paulo de Tarso Lugon Arantes, representante del CELS ante el Consejo.
En sintonía con la posición de las mayores referencias en derechos humanos en Argentina, el CELS lamentó que el gobierno haya desestimado la hipótesis de desaparición forzada considerándola «una mera construcción» por parte de la oposición política.
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«¿Dónde está Santiago Maldonado? El Estado es responsable», es el lema en afiches que cuelgan en espacios públicos, y un reflejo del impacto negativo de esta desaparición para el gobierno de Macri, bajo sospechas de buena parte de la ciudadanía.
Solo 35 días después, algunas agencias del Estado parecen haber aceptado que el caso debe investigarse bajo el supuesto de desaparición forzada», un «proceder estatal gravísimo por la importancia que tienen las primeras horas y días ante una desaparición», denunció el CELS el lunes.
El caso Maldonado ha significado la primera vez desde el fin de la última dictadura que vivió este país entre 1976-83, que se duda sobre el papel del Estado o el gobierno en la desaparición de una persona en el marco de una protesta social-política reprimida por fuerzas de seguridad.
