El presidente francés, Emmanuel Macron, se enfrenta este martes, en plena caída de popularidad, a una primera jornada de manifestaciones contra su reforma laboral y que pone a prueba su capacidad para transformar a la segunda economía europea.
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Varios miles de personas comenzaron a salir a las calles en toda Francia contra este texto destinado a flexibilizar el mercado laboral, piedra angular de su programa para doblegar un desempleo que alcanza casi el 10%.
Terminará por ceder, este país no quiere un mundo liberal (…) Estamos en Francia, no en Reino Unido», declaró el líder del partido Francia Insumisa, quien desfilaba en Marsella (sureste).
La protesta, que comenzó a las 14.00 hora local en la plaza de la Bastilla, reunió en las calles de la capital francesa a unas 60 mil personas, según el principal sindicato convocante, la Confederación General de Trabajadores (CGT), y 24 mil según la Policía.
Para imponer sus cambios, el presidente de Francia optó por el método acelerado de ordenanzas, que impide el debate sobre el contenido y apenas da margen para votar a favor o en contra.
Los cinco decretos que se presentarán antes de finales del 2017 en la Asamblea Nacional, donde Macrón tiene holgada mayoría, son:
Topes en las indemnizaciones
Hasta ahora, el dinero que una empresa debía pagar a un trabajador por un despido improcedente era fijado por un tribunal laboral, lo que hacía difícil conocer de antemano cuál sería su coste.
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La reforma propone fijar unos topes para que los empresarios sepan, en el momento de la contratación de un trabajador, cuánto les supondría su eventual despido.
Por cada año, aunque sea incompleto, trabajado en la empresa, la indemnización máxima será de un mes de salario, hasta los diez años de antigüedad. A partir de ese momento, cada año suplementario agrega medio mes de salario, con un límite de 20 mensualidades.
Negociación de condiciones laborales
Se reforzará el papel negociador de las empresas sobre las condiciones laborales de sus trabajadores. Empresarios y representantes de los trabajadores podrán llegar a acuerdos en determinados puntos que no respeten el convenio colectivo, aunque deberá prevalecer en aspectos como la calidad del trabajo, los mínimos salariales o la igualdad profesional.
Sin embargo, se podrán negociar en cada empresa las primas salariales o las pagas extras.
Además, se facilitan los acuerdos de competitividad en empresas, destinados a adaptar salarios y jornadas laborales al contexto económico propio de un sector determinado.
Despidos por motivos económicos
Los llamados «despidos económicos», aquellos a los que puede acudir una empresa que no tiene beneficios, serán más sencillos.
El Gobierno prevé que sólo los resultados financieros en Francia de una multinacional sirvan para acogerse a esta medida, lo que permitirá aplicarla a empresas que tienen beneficios a nivel mundial si éstas registran pérdidas en el país.
Además, también podrán hacerlo por departamentos, de forma que se podrán aplicar despidos económicos dentro de la rama deficitaria de una empresa que, en su conjunto, genera beneficios.
Legalización de los planes de renuncia voluntaria
Hasta ahora, los llamados «planes sociales», que organizaban las reducciones colectivas voluntarias de trabajadores, no tenían un cuerpo legal. El Ejecutivo quiere regularlas en la reforma laboral.
Esta propuesta es muy criticada por los sindicatos porque consideran que pueden ayudar a que los patronos se deshagan de los más veteranos de su cuerpo salarial.
Fusión de las instancias representativas
Las diferentes instancias representativas de los trabajadores (los liberados sindicales, el comité de empresa, los de higiene, seguridad y condiciones laborales) se unificarán en el Consejo Social y Económico que tendrá que tener cada empresa de más de 50 trabajadores.
