«Esto es tan sólo el primer paso»: quien así se expresó fue el General Gonzalo Blu, Director Nacional de Inteligencia de Carabineros de Chile, al referirse a los próximos avances de la «Operación Huracán», procedimiento efectuado este sábado en las regiones del Biobío y La Araucanía, con la cual se desbarató las cúpulas de la Coordinadora Arauco Maluco (CAM) y de la Weicham Auke Mapu, con un saldo de ocho personas formalizadas en la ciudad de Temuco.
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Blu ofreció plenas garantías a la sociedad chilena de que Carabineros «trabajará de día y de noche, por esto recién comienza», para para dar muestra de ello, están tras la pista de otro grupo que completaría el rompecabezas de los ataques incendiarios a los camiones.
El alto oficial de Carabineros solicitó a las instancias judiciales, reformas en la ley, no sólo para hacer más efectivo el desempeño de los funcionarios en este tipo de procedimiento, sino que brinde mayor resguardo a los agentes encubiertos.
Por su parte, el jefe de la IX Zona de Carabineros general Christian Franzani indicó que el operativo se efectuó «a raíz de un sinnúmero de órdenes de investigar que maneja nuestro servicio de inteligencia, hace seis meses a la fecha se venían investigando diferentes causas señaladas por diferentes hechos de violencia rural y de carácter terrorista».
«De acuerdo a los antecedentes y pruebas científicas que existen, todas estas personas están vinculadas de una u otra forma a diferentes delitos, entre ellos la quema de camiones», expresó.
De esta manera, este domingo se realizó en el Juzgado de Garantía de Temuco la formalización por asociación ilícita terrorista a los ocho detenidos ante fuertes medidas de seguridad.
La instancia comenzó a las 10:00 horas y apenas 30 minutos después la jueza Mónica Arancibia dio un receso para buscar un traductor de mapudungun ya que algunos de los detenidos no entendían el español. Tras la media hora, la audiencia prosiguió, en donde la magistrada dispuso que los nombres de los implicados no podrán ser difundidos por los medios de comunicación.
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El fiscal de Alta Complejidad Felipe González les imputó los atentados incendiarios a las empresas de transportes Cavalieri y Calafquén, ocurridos en marzo y agosto de este año respectivamente y que dejaron millonarias pérdidas para las firmas al ser quemados camiones y ramplas. Dos de los aprehendidos fueron formalizados además por incendio terrorista por el segundo de estos hechos.
También se les atribuyó el ataque al fundo La Envidia acontecido en septiembre pasado, en donde fueron incendiadas máquinas para uso forestal.
Además, el persecutor aseguró que los ocho detenidos tenían considerado quemar al menos 100 camiones durante el presente año y que incluso tenían coordinado atacar a la empresa transportista Riquelme Correa, la que se encuentra localizada en Vilcún, un día antes que se diera la lectura del veredicto del caso Luchsinger-Mackay.
Para reforzar sus acusaciones, el fiscal dio a conocer conversaciones por WhatsApp entre los implicados, además de mensajes de textos con los cuales se habrían coordinado para efectuar los ataques, lo cual será sometido a peritajes. Ante esta labor, la jueza dio un plazo de cuatro meses para la investigación.
Por último, se determinó que los imputados serán enviados a diferentes penales para que cumplan con la prisión preventiva por motivos de seguridad. De esta forma, tres irán a cárceles en Concepción y Valdivia, mientras que dos serán destinados a Angol.