Venezuela, Corea del Norte y Chad fueron incluidos el domingo en una nueva lista de países con prohibición de viajes a Estados Unidos debido a su poca seguridad o falta de cooperación con Washington, de acuerdo con un decreto firmado por el presidente Donald Trump.
Washington impuso una prohibición total de viajes a los ciudadanos de Corea del Norte y Chad, mientras que las restricciones para Venezuela se limitan a los funcionarios de una larga lista de entidades del gobierno y a sus familiares.
La nueva normativa impone procesos especiales de control para «detectar intentos de ingresar a Estados Unidos por terroristas o otras amenazas a la seguridad pública».
En el caso específico de Venezuela, el extenso documento firmado por Trump señala que el país sudamericano ha adoptado los estándares impuestos por el Departamento de Seguridad Interna (DHS), pero sostiene que Caracas «no coopera en la verificación si sus ciudadanos representan una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública».
Por ello, la suspensión de autorización de viajes se extiende a funcionarios de los órganos responsables por esa verificación, como el ministerio del Interior, el servicio migratorio, el servicio de inteligencia y el ministerio de Relaciones Exteriores.
«Los ciudadanos venezolanos que posean una visa (para ingresar a Estados Unidos) serán sometidos a medidas extras apropiadas de verificación», indica el decreto presidencial.
Cooperación, la clave
Sudán, uno de los seis países de mayoría musulmana incluidos originalmente en la lista de prohibición de viajes, fue removido de la nómina, dejando solo a ocho naciones con impedimento total o parcial de viajar a Estados Unidos.
El decreto determina la suspensión total del ingreso de ciudadanos de Chad, Corea del Norte, Libia, Siria, Somalia y Yemen. En el caso de Irán, se suspende el ingreso de ciudadanos a excepción de aquellos que ya posean una visa de estudiante o parte de un programa de intercambio.
«El gobierno de Corea del Norte no coopera con el gobierno de Estados Unidos en ningún aspecto y no satisface los requerimientos de información compartida», justifica el decreto.
En un comunicado especial, el secretario de Estado, Rex Tillerson, afirmó que con esta iniciativa Trump «está ejerciendo su responsabilidad de proteger a los estadounidenses».
Tillerson adelantó que el Departamento de Estado «coordinará con otras agencias federales la forma de implementar estas medidas en una forma ordenada».
Por su parte, la secretaria interina de Seguridad Interna, Elaine Duke, señaló que el paquete de medidas permitirá al gobierno «impedir que terroristas y criminales ingresen a nuestro país».
Nueva tentativa de cerrar las puertas
Hace pocos días, funcionarios del gobierno estadounidense habían anticipado que el presidente Trump podría incluir a nuevos países en la lista de los que ya son afectados por la prohibición de ingreso a Estados Unidos, como parte de un controvertido decreto antiinmigración que expiraba este domingo.
Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Interior habían señalado el viernes que tenían identificados a un número de países que no pueden o no quieren someterse a los controles de seguridad exigidos para ingresar a territorio estadounidense.
El mandatario republicano había señalado a comienzos de año que necesitaba un período de 90 días de prohibición de ingreso al país de personas provenientes de seis naciones de mayoría musulmana (Siria, Libia, Irán, Sudán, Somalia y Yemen), así como de 120 días de prohibición de ingreso de refugiados de cualquier origen con el fin de definir nuevos filtros de admisión.
El viernes los funcionarios indicaron que un nuevo decreto pondría en marcha una «gama» de medidas que van desde controles más estrictos -como pedir el acceso a teléfonos celulares o a cuentas en las redes sociales- hasta una prohibición pura y simple.
Sin embargo, los funcionarios no adelantaron cuáles serían los nuevos países incluidos en la orden ejecutiva.
«El objetivo no es impedir definitivamente que viajeros de ciertos países vengan a Estados Unidos. El objetivo es proteger a los estadounidenses hasta que los gobiernos extranjeros se plieguen a nuestras demandas y no planteen más riesgos para la seguridad de Estados Unidos», explicó entonces Miles Taylor, asesora del Departamento de Seguridad Interior.
Tras cinco meses de litigios ante los tribunales, una versión corregida del decreto original entró en vigor el 29 de junio y expiraba este domingo.
