Existen propuestas que buscan erizar de muros y alambradas las fronteras entre pueblos fronterizos, invocando «cuestiones de seguridad». Esas serían las llamadas soluciones de «altura». Pero también existen alternativas por «debajo» o subterráneas, que persiguen disminuir soluciones a temas sensibles como el contrabando, pero que complican el diario vivir de comunidades ancestrales, que se asumen como un solo pueblo desde tiempos inmemoriales.
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Este es el caso de las comunidades de Pisiga Carpa (Chile) y Pisiga Bolivar (Bolivia), en la comuna de Colchane, Antofagasta. Y es que desde hace varias semanas, la apertura de una zanja de un kilómetro de extensión y dos metros de profundidad ha alterado las costumbres del pueblo Aymara.
«Paso Colchane-Pisiga es un paso fronterizo entre la República de Chile y el Estado Plurinacional de Bolivia. Del lado chileno se accede al paso por la Ruta 15-CH, mientras que por el lado boliviano se accede por la Ruta Nacional 12. El poblado chileno más cercano es Colchane (Región de Tarapacá), mientras que del lado boliviano el poblado más cercano es Pisiga (Departamento de Oruro). La altura del paso es de 3695 msnm, el horario de atención al público es de 08:00 a 20:00 y se permiten todo tipo de trámites aduaneros. El paso se encuentra en la ruta interoceanica Brasil-Bolivia-Chile», se puede leer en el portal Wikipedia, en torno a la ubicación de estas localidades.
La gigantesca zanja fue abierta por la Intendencia de Antofagasta, a cargo de ingeniero Arturo Molina, y los trabajos fueron realizados bajo la vigilancia de cuerpos de seguridad como la PDI. Enviamos un cuestionario solicitando información sobre este particular, así como el impacto de una zanja como esta, en las políticas de combate al contrabando, y luego de dos semanas aún no hemos recibido respuesta por parte de los encargados de comunicaciones de esa institución.
«La comunidad aymará está más allá de las políticas de seguridad, que de manera legítima y entendible, puede tomar el estado chileno. Como autoridad local, no fuimos consultados y hemos recibido una serie de denuncias de los inconvenientes que ha causado esa zanja, en la vida de las comunidades», informó el alcalde de Colchane, Jaime García Choque.
Esta situación contraviene, de manera flagrante, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que según la página del Ministerio de Desarrollo Social protege el derecho que tienen los pueblos indígenas a ser consultados en la aplicación de medidas legislativas y administrativas, que afecten se desemvolvimiento.
Enumera la autoridad de la municipalidad, que al no tener una cerca de resguardo, muchos ancianos y sus rebaños que van de un lado a otro de la zona fronteriza, se han visto afectados en su libre tránsito. «En nuestra comuna, tenemos 20 niños de Pisiga Bolívar que estudian en Chile y su traslado se ha complicado», comentó el alcalde García Choque.
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Comentó García que, cada 15 días, se realizan intercambios comerciales, bajo la modalidad de ferias y la zanja entre la frontera de Chile y Bolivia, impactó de manera negativa en el intercambio de bienes y servicios. «Nosotros estamos muy lejos y adolecemos de algunas mercaderías. Estas ferias han sido la respuesta que mejora los niveles de calidad de vida de nuestras comunidades». La alcaldía reporta que no se han producido otros movimientos de tierra.
Hay soluciones por «arriba» y por «debajo» en las zonas fronterizas. Lo que es inadmisible en unas u otras, es que no se consulte a las comunidades originarias en la implementación, en cómo va a afectar su diario vivir.
