Una fiscalización piloto a 140 empresas de todo el país para saber si han aplicado un sistema obligatorio de prevención de riesgos psicosociales que disminuyan las enfermedades profesionales de origen mental realizarán desde octubre la Dirección del Trabajo (DT) y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso).
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La iniciativa se enmarca en cifras poco alentadoras que indican que en 2016 las enfermedades profesionales diagnosticadas por las mutuales de seguridad privadas y del Estado crecieron en el 17 por ciento respecto del año 2015, de las cuales el 41 por ciento corresponde a salud mental, seguida de lejos por las músculo-esqueléticas, con el 30 por ciento. Al analizarlas con criterio de género, el 64 por ciento de estas enfermedades afectó a mujeres y el 36 por ciento a hombres.
Los sectores con mayor tasa de incidencia son pesca, industria manufacturera, hoteles y restoranes, administración pública y defensa, planes de seguridad social, enseñanza y servicios sociales y de salud.
Esta fiscalización viene antecedida de la aplicación del cuestionario Suseso/ISTAS21 en 8.663 centros de trabajo, alcanzando a 602.948 trabajadores del sector público y privado. Este instrumento es parte del protocolo que será ahora fiscalizado.
Con los resultados de la aplicación de la citada encuesta se establecieron medidas correctivas a los riesgos detectados, que deben ejecutarse en un período de seis meses. Las empresas están obligadas a implementar las medidas correctivas que se adopten en el Comité de Aplicación del cuestionario en cada empresa u organismo.
Es para reforzar la política de prevención que a partir de octubre de este año ambas entidades llevarán a cabo este control en un más de un centenar de empresas en todo el país.
Esta fiscalización piloto tendrá como objetivo principal verificar el cumplimiento de la aplicación del protocolo de dicha encuesta y que se adopten las medidas correctivas que se han señalado en los comités de participación y en el seguimiento que deben legalmente hacer las mutualidades.
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El Superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes, calificó de “alta importancia» esta fiscalización conjunta, en particular, porque «al considerar sólo las enfermedades profesionales se tiene que 53% corresponde a diagnósticos por salud mental, y un 27% a enfermedades del musculo esquelético», es decir, dolores de espalda u otro tipo de afectaciones parecidas.
Agregó, que «prevenir el riesgo psicosocial laboral (Rpsl) significa actuar sobre las condiciones del trabajo que se encuentran en el origen de dichos riesgos. Esas condiciones tiene que ver con la forma de organizar el trabajo, por ejemplo, con los horarios, carga de trabajo, métodos, contratación, estructura salarial, jornadas, horarios, sistemas de turnos, otorgamiento de permisos y vacaciones, estilos de liderazgo (autoritario, no involucrado, permisivo, participativo), procedimientos de asignación de tareas, de resolución de conflictos cotidianos, entre otros aspectos».
Por su parte, el director del Trabajo Cristián Melis, señaló que “desde el año 2015 ya es obligatoria la aplicación del protocolo en las empresas, por lo que creemos que ha pasado un tiempo suficiente y llegó la hora de evaluar su cumplimiento en las de tamaño mediano y grande”.
Melis subrayó que los riesgos psicosociales y las enfermedades mentales afectan directamente la productividad de la economía y las relaciones laborales al interior de las empresas. Por ello instó a los sindicatos a acercarse a la DT y a la Suseso para mejorar sus conocimientos sobre ambos fenómenos y también a plantearlos en sus empresas, introduciéndolos incluso dentro de las negociaciones colectivas “porque se trata de temas que requieren de diálogo entre las partes”.
Las autoridades destacaron que esta fiscalización conjunta es también una muestra de colaboración intersectorial de entidades públicas en beneficio de un trabajo decente y de una mejor calidad de vida de los trabajadores y sus familias, en el marco de la Política Nacional de Seguridad y Salud Trabaja.
Este programa fiscalizador comenzará a ser aplicado en la Región Metropolitana y será ampliado progresivamente a todo el país y tiene una modalidad de vigilancia del cumplimiento, es decir, que no se sancionará de inmediato las infracciones detectadas, sino que se otorgará un plazo para enmendarlas. Cumplido el plazo de 30 días para su corrección se aplicarán o no –dependiendo del resultado- multas de entre 9 y 60 UTM (entre $420.237 y $2.801.580).
La fiscalización a estas empresas no terminará con la sanción o cumplimiento de las obligaciones legales, ya que comprende además una segunda visita y un seguimiento para verificar que se cumplan todas las etapas contempladas en el protocolo y que las medidas preventivas sean aplicadas.
Las materias que serán revisadas son:
- no mantener las condiciones adecuadas de seguridad y salud laboral en las faenas,
- no informar a los trabajadores acerca de los riesgos laborales,
- no suprimir los factores de peligro en el lugar de trabajo,
- no dar cumplimiento de las medidas dispuestas por el Organismo Administrador de la Ley 16.744
- no contemplar la empresa principal los elementos mínimos en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
