En silla de ruedas llegaron hoy al Juzgado de Garantía de Temuco, a la audiencia de preparación de juicio oral, los cuatro comuneros mapuches que se encuentran en huelga de hambre hace más de 110 días, exigiendo que no se les aplique la Ley Antiterrorista en el caso que se sigue en su contra por el atentado incendiario a una iglesia evangélica.
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Los hermanos Benito, Ariel, Pablo Trangol Galindo y Alfredo Tralcal, quienes volvieron a la cárcel de Temuco a cumplir su prisión preventiva tras recibir atención en el hospital regional, se vieron visiblemente afectados debido al prolongado ayuno. El tribunal ordenó que la preparación del juicio siga el 10 de octubre próximo.
En la audiencia de hoy, el juez Nicolás Martínez Conde Schell acogió la solicitud de la defensa y ordenó a la fiscalía entregar, a más tardar el lunes 2 de octubre, las carpetas investigativas que contengan las declaraciones íntegras de 12 testigos de identidad reservada, algunos de los cuales tienen la calidad de víctimas, “documentos que deben señalar los nombres completos o al menos sus iniciales, y omitir, si es preciso, sus direcciones”.
El fiscal César Schibar destacó que la medida del juez busca proteger la seguridad de los testigos. Por parte de la Intendencia de La Araucanía asistieron los abogados Luis Correa y Reinaldo Osorio, quienes reiteraron que el Gobierno no retirará la querella por Ley Antiterrorista que motivó la huelga de hambre.
Por su parte, el abogado Juan Pablo Alday, de la Defensoría Penal Mapuche, dijo que “hemos solicitado que se den a conocer las identidades de las personas que aparecen bajo reserva. El tribunal nos ha respaldado en ese sentido y ha establecido que es obligación del Ministerio Público entregar a lo menos las iniciales de la persona que entregó dicha declaración”.
Los cuatro comuneros están acusados por el incendio terrorista que el 9 de junio de 2016 destruyó el templo Iglesia del Señor, ubicado en el kilómetro 5 de la ruta Padre las Casas-Niágara. Al momento de iniciarse las llamas, la iglesia aún tenía gente en el interior, la que fue obligada a salir bajo amenazas de armas de fuego.
En el juicio, la fiscalía pedirá una pena de 20 años de cárcel para cada uno, más otros tres para Pablo Trangol, acusado también por porte ilegal de munición.
