El Gobierno de Filipinas anunció que se instalarán en todo el país buzones para que los ciudadanos puedan delatar de forma anónima a drogadictos o traficantes como parte de la polémica «guerra contra las drogas» del presidente Rodrigo Duterte.
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Los llamados «buzones de sugerencias» se colocarán en «las ciudades, los municipios y las oficinas de los barangays (barrios)» de toda Filipinas, según un documento divulgado por el Departamento del Interior y Gobiernos Locales.
La iniciativa forma parte del nuevo «sistema de denuncias» con el que el Ejecutivo trata de detener sospechosos, a quienes también se podrá denunciar a través de una línea exclusiva de teléfono y un portal online.
Los «buzones de sugerencias» también servirán para recoger denuncias de delitos relacionados con la corrupción y el terrorismo, otros dos problemas que Duterte ha prometido combatir con dureza.
Un barrio de Ciudad Quezon, municipio aledaño al norte de Manila, probó la iniciativa que ahora se aplicará en todo el territorio nacional, y generó malestar entre los vecinos y críticas de grupos locales por su arbitrariedad, ya que da pie a que se produzcan falsas delaciones.
El presidente filipino aplicó su política de línea dura contra las drogas tras su llegada al poder en junio de 2016 y desde entonces han muerto más de 3.800 sospechosos en decenas de miles de redadas de la policía en todo el país.
El número total de muertos de la campaña antidroga, en todo caso, se estima superior a los 7.000, porque se han producido muchos asesinatos a manos de grupos autodenominados «vigilantes» como consecuencia del clima de impunidad brindado por el Gobierno.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), además de la ONU y la UE, han denunciado en numerosas ocasiones las violaciones de los derechos humanos que se cometen en la campaña contra las drogas de Duterte.
