El de ayer fue un día triste, para España, Cataluña y el mundo, porque nada puede justificar lo que vimos este domingo: porras, patadas, empujones y balines de goma contra los ciudadanos,  la violencia en su máxima expresión por parte de las fuerzas del orden.

Decenas de policías y guardias civiles cerraron diversos centros de votación y requisaron el material electoral del plebiscito prohibido por el Tribunal Constitucional, que Madrid decidió impedir a toda costa.

Para abrirse paso entre la multitud concentrada en los colegios electorales para «protegerlos», actuaron con golpes de porra y escudos antidisturbios, en ocasiones arrastrando a personas mayores o tirando del pelo a manifestantes, según mostraban varios videos en redes sociales.

La Unión Europea (UE) y la ONU presionaron  este lunes al gobierno español para que dialogue con los independentistas catalanes, que amenazan con una declaración unilateral de independencia tras el referéndum prohibido del domingo, marcado por  las violentas cargas policiales. En un comunicado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos pidió al gobierno conservador de Mariano Rajoy investigaciones «completas, independientes e imparciales» sobre «todos los actos de violencia» ocurridos el domingo en Cataluña.

Además, para este martes además está convocada una huelga general, a la que han animado a participar los dos mayores sindicatos, Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO).

Para Antonio Bar Cendón, Catedrático de Derecho Constitucional, de la Universidad de Valencia era algo previsible:  «no sólo era previsible, sino que estaba perfectamente programado. Desde que todo este proceso independentista se inició, fundamentalmente en la segunda etapa del mismo que sigue a las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015, los líderes del separatismo catalán no han cesado de hacer declaraciones y de adoptar posiciones claramente desafiantes frente al Estado y sus instituciones, como si buscasen desesperadamente la respuesta contundente de éste, para luego presentarse como víctimas de la represión de un ‘Estado autoritario’ y ‘franquista’, y legitimar así sus pretensiones de independencia».

Sin embargo, para el profesor de Ciencias Políticas  de la Universitat de Barcelona (UB),  Xavier Torrens, «hasta el día de hoy, todas las medidas del Gobierno español han sido de carácter coercitivo o incluso represivo. Esto conduce a un callejón sin salida de este tema y genera incertidumbre porque, hasta la fecha, no ha habido ninguna propuesta política por parte del Gobierno español que permitiera desactivar el conflicto».

¿Y ahora qué?

Las incertidumbre y los interrogantes son máximos. ¿Pero cuáles podrían ser los posibles escenarios?

Torrens señala  tres posibles escenarios:  «Por un lado, la presentación de una moción de censura por parte del partido socialista. Por otra parte, la convocatoria de elecciones por parte de Rajoy, precisamente para evitar la moción de censura. El tercer escenario sería que todo siguiera prácticamente igual como ahora, el Gobierno en minoría de Rajoy. El escenario está abierto, pero sea cual sea, el Gobierno español tiene que dar una respuesta dialogante y negociada ante el nuevo camino de Catalunya, porque si no lo hace lo único que se genera es un deterioro de la situación. Y asegura  que «lo que el Gobierno español ha logrado es que aumente el número de personas que hoy son independentistas».

-¿Declarar la independencia?

El presidente catalán, Carles Puigdemont, que llegó al poder en enero de 2016 con un programa que prometía la independencia, repitió hasta la víspera de la votación que la proclamaría de ganar el sí en el referéndum del domingo.

Según los datos ofrecidos por el gobierno catalán, más de 2,2 millones de personas participaron en la votación de las que un 90% apostó por el sí. Con esta victoria, la mayoría independentista del parlamento regional había prometido declarar la secesión de esta región del noreste de España.

Según Torrens,  politólogo catalán: «Es altamente probable que el jueves o el viernes el Parlamento catalán apruebe la declaración de Catalunya como nuevo Estado independiente. Ello no quiere decir que su aplicación sea efectiva de inmediato. Lo que significa es que empezará el proceso hacia la creación de Catalunya como Estado que se independiza de España, como hizo Chile hace dos siglos, en 1818. Catalunya podrá ser un Estado similar a Dinamarca o Austria, países europeos pequeños que tienen una fuerte potencia económica. Cabe recordar que Catalunya es un motor económico en Europa y, por lo tanto, continuaría siéndolo, pero con la ventaja de tomar decisiones políticas propias de un Estado independiente.»

-Qué pasa si Puigdemont  declara la independencia-

Ante este escenario, lo probable es que la reacción del Gobierno español será aplicar nuevas medidas que intentarán impedir tal decisión política, pero probablemente, ahora ya ninguna propuesta lo desactive, dado que el referéndum ya se ha celebrado y, por ello, el Gobierno catalán está decidido a implementar su resultado: el Sí a la creación de un nuevo Estado europeo independiente, señala Torrents.

Si Puigdemont declara la independencia entramos en un escenario político muy difícil. Por un lado, incurriría en el delito de “rebelión”, que está castigado en el Código Penal vigente con la “pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Por otro lado, como es evidente, esta actuación ilegal e ilegítima del Gobierno catalán forzaría al Gobierno del Estado a intervenir la Comunidad Autónoma,así pues el Gobierno tendría la obligación de garantizar la soberanía, la independencia e integridad territorial de España y su ordenamiento constitucional» señala por su parte el profesor Bar Cendón, encontrándonos en «un indeseable escenario de necesidad de utilización de la fuerza del Estado para restablecer la legalidad». 

Y…  en  caso de independencia, ¿Cataluña podría solicitar su adhesión al bloque europeo? Según la ‘doctrina Podri’, «cualquier Estado europeo» podrá «solicitar el ingreso como miembro de la UE», siempre y cuando respete valores como «respeto de la dignidad humana, libertad, democracia» o «Estado de derecho».

Esta solicitud debería, además, ser «aceptada por el Consejo (de la UE) por unanimidad», por lo que España, o cualquier otro gobierno europeo, podría imponer un eventual veto a la candidatura.

-Aplicación del artículo 155 de la Constitución o suspensión de la autonomía catalana-

Una de las herramientas más duras que podría aplicar el gobierno es el artículo 155 de la Carta Magna, que hasta el momento ningún gobierno ha invocado.

«Ahora es imprescindible llevar la política al terreno de la legalidad, a los cauces de los que nunca debía haber salido. Y eso significa también deducir responsabilidades; responsabilidades políticas, pero también jurídicas. La Constitución, el Estatuto y el resto del ordenamiento jurídico, incluido el manido artículo 155 de la Constitución y también el Código Penal, han de ser utilizados sin rubor y en la medida que corresponda y sea necesaria, con el debido control parlamentario y de los jueces», declara Bar Cendón.

Se ha presentado como un último recurso, pero el ministro de Justicia pareció este lunes abrir la puerta a su aplicación, al afirmar que el gobierno, que ya puso bajo su tutela el presupuesto catalán, haría «todo lo que la ley permite» para impedir la declaración de independencia.

La intención es,  explica  Bar Cendón, que el Gobierno central pueda adoptar las medidas que sean necesarias para obligar a un ente descentralizado –un Estado federado, una región autónoma– a cumplir con sus obligaciones constitucionales.

En el caso de España, el Art. 155 es muy amplio y vago en su formulación. Establece que el Gobierno “podrá adoptar las medidas necesarias”. Lo que no se prevé es la supresión de la Comunidad Autónoma, pero sí la adopción de las medidas que sean necesarias para restablecer la legalidad en su seno.

-Negociaciones-

Para Bar Cendón, » además de reencauzar la política en el ordenamiento jurídico que la regula, es necesario también que los problemas políticos encuentren solución adecuada primero en el propio terreno de la política. Y, desde luego, el problema catalán es un grave problema político que no debemos seguir arrastrando como hasta ahora ni un minuto más. En este sentido, es necesario que las fuerzas políticas -sobre todo las de ámbito nacional- abandonen el sectarismo incapacitante que hoy les condiciona y separa, y que sean capaces de sentarse a negociar una solución que sea lo más satisfactoria posible para todos, catalanes y no catalanes. Y no basta ya con eventuales transferencias de competencias, ni con discutir sobre un euro más o menos de financiación. La cosa es seria y afecta al futuro del conjunto del Estado español y, como tal, en ese ámbito ha de ser resuelta, con la participación más amplia posible, si no puede ser de todos. Ya lo hicimos en el momento de redactar la Constitución de 1978, ¿por qué no volver a hacerlo ahora?».

No habrá solución a este problema si las personas de ambos lados no pueden salvar la brecha. «Muchos dicen que el ‘Estado de las Autonomías’ está agotado y que es necesario reformarlo. Yo no sé si el término ‘agotado’ describe muy bien la realidad. Lo que es evidente es que ha fracasado; y ha fracasado porque no ha logrado satisfacer las aspiraciones políticas de vascos y catalanes que eran -con los gallegos- los principales destinatarios del mismo. Y ahora, si tenemos que reformarlo, hagámoslo; pero hagámoslo todos y para todos. No caigamos de nuevo en el error de diseñar una forma política al gusto de quien no le gusta el traje desde el primer día», sentencia Bar Cendón.

-Moción de censura contra Rajoy-

Según nos explica  Bar Cendón, técnicamente hablando, sí, se podría presentar una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, dado que no dispone de la mayoría absoluta en el Congreso. En sentido inverso, el conjunto de los partidos de la oposición si gozan de mayoría absoluta en el Congreso y, por lo tanto, sí podrían presentar esa moción de censura.

Ahora bien, en España, la moción de censura es –en los términos del constitucionalismo– “constructiva”. Eso quiere decir que no se trata sólo de derribar un Gobierno, sino que hay que presentar otro alternativo, con su candidato a la presidencia y con su programa de gobierno.

Así que para poder derribar al Gobierno  de Rajoy tendrían que ponerse de acuerdo en un candidato a la presidencia y en un programa común de gobierno de  partidos tan dispares como el PSOE, Ciudadanos, Podemos (y sus “convergencias”), el PNV y Bildu. «Y eso, a mi al menos, me parece imposible. No sería un Gobierno “Jamaica”, como el que se pretende en Alemania, sería un Gobierno “Frankestein” (Felipe González dixit)».