Violencia, presiones y maltratos forman el día a día de trabajadores en cuestionada municipalidad de San Ramón

En medio de la acusación de estar personajes vinculados al narcotráfico en nómina, los trabajadores de la dirección de salud y sus organismos gremiales se pronunciaron. La polémica llegó hasta los candidatos presidenciales.

Por Fernando Peñalver

Tras la investigación realizada en el programa "Informe Especial", en torno a las contrataciones de la municipalidad de San Ramón de personal vinculado al narcotráfico, los trabajadores de la dirección de salud agrupados en torno a la Consufam, denunciaron malos tratos, violencia física y presiones para intervenir en actos de proselitismo político.

Temerosos de dar nombres o una foto, los empleados y profesionales de la Dirección de salud de la municipalidad de San Ramón, optaron por denunciar irregularidades  a través de organismos gremiales.

"Las condiciones de trabajo han presentado irregularidades. Los funcionarios son presionados, muchos están bajo contrato de poca duración en la dirección de salud. Y el asunto se torna mucho más grave si hablamos de un alcalde y autoridades vinculados al narcotráfico. Se habla de situaciones de violencia física, incluso", informó Esteban Maturana, presidente de la Confusam.

El organismo gremial anunció que se haría parte de la querella judicial y junto a los trabajadores acudirá a la Contraloría General de la República.

Felipe Guevara, alcalde de Lo Barnechea y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, se pronunció sobre este delicado caso. "Desde hace más de 25 años que no se vinculaba alguna actividad política en Chile con el narcotráfico. Eso nos conmociona e impacta, ya que es de una enorme gravedad. Por otra parte, quiero aclarar y que las personas que han cometido delito tienen derecho a reinsertarse y trabajar. Yo no estoy en contra de ellas, ni del convenio que existe con el Ministerio de Justicia. Cada contratación que hace el municipio, debe ir a la Contraloría General de la República, organismo que realizar el respectivo visado", comentó el dirigente de la asociación.

El lunes en la tarde, la PDI realizó un allanamiento, con una comisión encabezada por los fiscales Leonardo Zamora, especialista en crimen organizado y narcotráfico, y Víctor Núñez, experto en delitos funcionarios. Se incautaron documentos y computadores y, presuntamente, habría dos sujetos detenidos.

Los presuntos delitos que está investigando la Fiscalía Metropolitana Sur son fraude al fisco, malversación de caudales públicos y nombramiento ilegal.

En tanto, el alcalde Miguel Ángel Aguilera vio suspendida su militancia en el Partido Socialista.

El allanamiento es parte de la ampliación de una investigación por narcotráfico que se inició en 2016 a la llamada banda de “El Chino” de la población La Bandera en la que estaría involucrada Luis Barrera, cuñado del alcalde Aguilera, quien actualmente se desempeña como jefe de recintos deportivos de la municipalidad.

Otro de los indagados es Jorge Pinto, quien estuvo preso por narcotráfico, quedó libre en febrero y entró a trabajar a la municipalidad en marzo en el área de Jardines. Pinto nuevamente está detenido, al igual que Miguel Sánchez Yáñez, yerno de Pinto y quien estaba a cargo de la remodelación de la cancha municipal.

La polémica de lo sucedido en San Ramón, se extendió a la carrera presidencial. La abanderada de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, lamentó que Alejandro Guillier no condenase de manera más contundente al alcalde de San Ramón, mientras que Marco Enríquez-Ominami declaro que "Pepe Mujica no le solicitó a una persona vinculada al narcotráfico, le recogiera firmas". El candidato presidencial independiente, José Antonio Kast, calificó como “muy grave” la situación. “Me hubiese gustado que Alejandro Guiller hubiese condenado este tipo de situaciones y no que manifieste que el partido socialista debe ser quien defina”, señaló.

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