Una jueza de la Audiencia Nacional española citó como investigado por rebelión al jefe de la Policía autonómica de Cataluña, Josep Lluis Trapero, por el asedio a la Consejería de Economía durante un registro de las Fuerzas de Seguridad para impedir el ilegal referéndum independentista.
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Fuentes de la Audiencia Nacional confirmaron a EFE que la magistrada Carmen Lamela citó a Trapero el próximo viernes, junto a los presidentes de las dos asociaciones más importantes en las movilizaciones independentistas de Cataluña, Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Jordi Ciuxart, de Omnium Cultural, así como a un intendente de la Policía catalana.
Los hechos investigados
Se investigan los hechos ocurridos el pasado 20 de septiembre, cuando una multitud rodeó la Consejería de Economía mientras la Guardia Civil la estaba registrando por orden judicial, en una operación para impedir el ilegal referéndum independentista, que finalmente se celebró el 1 de octubre.
Tras esta concentración, que retuvo a los agentes durante horas en el edificio, la Fiscalía denunció los hechos como constitutivos de un delito de sedición y la juez la admitió a trámite al entender que el fin último de los disturbios es el de una ruptura de la forma de Gobierno.
La juez pidió el informe de la Guardia Civil, que incluye hasta seis solicitudes de apoyo a la Policía catalana (Mossos d’Esquadra) en relación con esos incidentes, con escuetas respuestas de que se había dado trámite.
Durante la concentración se destrozaron tres coches de los agentes, que según comunicaron a los Mossos, tenían «armas largas» que, si los manifestantes hubieran accedido a los vehículos, «podría incrementarse la amenaza de forma muy importante», según explican en el informe.
A las diez de la noche se dio por finalizado el registro, pero la comisión judicial «quedó retenida y sitiada en contra de su voluntad».
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A juicio de la Guardia Civil, Sánchez y Cuixart demostraron capacidad para coordinar la protesta, pero no usaron ese control para disolver una manifestación que habían convocado y que estaba «coaccionando» a los agentes, sino que más tarde, en la madrugada, «la masa» intentó acceder al edificio por la fuerza.
La secretaria judicial salió por un edificio anexo, un teatro, camuflada entre el público que había ido a la función, y los agentes salieron entre las cuatro y las siete de la mañana.
Respuesta cuestionada
Además, el informe deja constancia de que aquel día la Guardia Civil envió hasta 24 solicitudes de apoyo a los Mossos, diez de ellas con carácter urgente, en diversos puntos de Barcelona y otras ciudades y pueblos de Cataluña.
La actuación de los Mossos, al mando de Trapero, también ha sido cuestionada durante la celebración del referéndum ilegal, ya que tenían la misión de desalojar los colegios designados por el Gobierno catalán para la votación, pero se limitaron a comunicar esa orden a las personas allí concentradas y a levantar atestado, pero no los obligaron a acatar la orden.
Con los locales llenos, a lo largo de la mañana del día 1 de octubre hubo numerosas cargas policiales, por parte de la Guardia Civil y de la Policía española para desalojar los centros e impedir la votación, lo que provocó más de 800 heridos, según el Gobierno catalán, y una fuerte contestación social.
