La tensión entre Madrid y Cataluña está lejos de terminar. Mientras por un lado fuentes del gobierno catalán señalan que la declaración de independencia catalana «se podría producir» el lunes, por otro el gobierno central mueve sus piezas para impedir como sea la secesión.
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El gobierno catalán dio por ganado el referéndum de autodeterminación celebrado el domingo, marcado por la violencia policial para cerrar los colegios electorales y los numerosos problemas logísticos de la votación, prohibida por el Tribunal Constitucional.
El pleno del parlamento catalán fue convocado a las 10:00 hora local (5:00 hora de Chile) y en él comparecerá por tiempo ilimitado el presidente regional, el independentista Carles Puigdemont, «para valorar los resultados del (referéndum) del 1 de octubre y sus efectos», señaló en su cuenta de Twitter el parlamento catalán, dominado desde 2015 por los independentistas.
El gobierno catalán dio por ganado el referéndum de autodeterminación celebrado el domingo, marcado por la violencia policial para cerrar los colegios electorales y los numerosos problemas logísticos de la votación, prohibida por el Tribunal Constitucional.
Por otro lado, el gobierno español de Mariano Rajoy quiere impedir esta declaración, que genera inquietud internacional y pérdidas económicas para los bancos de ambas zonas.
En un arriesgado discurso, el rey de España Felipe VI eligió alinearse con el gobierno de Mariano Rajoy en la crisis catalana, una apuesta con la que «se lo está jugando todo», según los analistas. El monarca se mostró duro con las autoridades catalanas que organizaron el referendo prohibido del domingo.
Los acusó de «deslealtad» y de estar «totalmente al margen del derecho y de la democracia», y aseveró que el Estado tiene la «responsabilidad» de «asegurar el orden constitucional».
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La UE opina
La Comisión Europea pidió este miércoles «diálogo» entre el gobierno español y Cataluña, aunque respaldó a Madrid en el «uso proporcionado de la fuerza» para garantizar la ley, en un debate en la Eurocámara sobre esta crisis.
Los eurodiputados de los principales grupos llamaron también a las autoridades catalanas a evitar una declaración unilateral de independencia, cuya adopción, en opinión del portavoz de los socialdemócratas Gianni Pittella, «echaría más leña al fuego».
«Llegó el momento de dialogar, de encontrar una salida al callejón sin salida, de trabajar dentro del orden constitucional de España», dijo en nombre de la Comisión su vicepresidente Frans Timmermans, días después de la celebración de un referéndum de independencia en esta región del noreste de España prohibido por la justicia.
Los Mossos en la mira de la justicia española
Al escenario de la crisis política más importante en España desde la intentona golpista del 23 de febrero de 1981, se suma que la Justicia española citó como investigado por «rebelión» al jefe de la Policía autonómica de Cataluña, Josep Lluis Trapero, quien lideró las investigaciones del atentado en Barcelona y Cambrils.
La actuación de la policía catalana, al mando de Trapero, también ha sido cuestionada durante la celebración del referéndum ilegal, ya que tenían la misión de desalojar los colegios designados por el Gobierno catalán para la votación
Los hechos investigados ocurrieron el pasado día 20 de septiembre, cuando una multitud rodeó la Consejería de Economía mientras la Guardia Civil la estaba registrando por orden judicial, en una operación para impedir el ilegal referéndum independentista, que finalmente se celebró el 1 de octubre.
La juez pidió el informe de la Guardia Civil, que incluye hasta seis solicitudes de apoyo a la Policía catalana (Mossos d’Esquadra) para los incidentes ocurridos en la Conserjería, con escuetas respuestas de que se había dado trámite.
Además, el informe deja constancia de que aquel día la Guardia Civil envió hasta 24 solicitudes de apoyo a los Mossos, diez de ellas con carácter urgente, en diversos puntos de Barcelona y otras ciudades y pueblos de Cataluña.
La actuación de la policía catalana, al mando de Trapero, también ha sido cuestionada durante la celebración del referéndum ilegal, ya que tenían la misión de desalojar los colegios designados por el Gobierno catalán para la votación, pero se limitaron a comunicar esa orden a las personas allí concentradas y a levantar atestado, pero no los obligaron a acatar la orden.
