La Justicia chilena evadió el tema de los «torniquetes mariposa». El pasado lunes 2 de octubre la Corte Suprema desestimó el recurso de protección del abogado Cristian Norambuena, que intentaba detener su postura en los buses del Transantiago. Un duro revés para este profesional, que considera que tales parapetos vulnera la dignidad de las personas. Por eso, este jueves acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a estampar una denuncia.
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«Nosotros estamos en desacuerdo de la resolución de la Corte Suprema, porque efectivamente se transgrede el derecho a la integridad física y síquica de las personas, el derecho a la vida de forma indirecta y el derecho de igualdad ante la ley», señala a Publimetro Norambuena.
Como están agotadas las instancias en el proceso judicial chileno, no es posible continuar con otro recurso. Por eso, el abogado declara que «no nos queda más alternativa de llegar a esta instancia».
«Lo que han dicho ellos es que ha bajado la evasión en 2% y lo que hemos dicho nosotros, es que puede ser eso, puede ser 5% ó 10%, pero el costo social que tiene es mucho más grande», justifica.
Escenario podría empeorar
La semana pasada, la ministra de Transportes no sólo confirmó que de aquí a fin de año se instalarán más barreras de este tipo y, de hecho, agregó que en la licitación se exigirá la postura de estos torniquetes en los buses nuevos.
Ese escenario es el que quiere evitar Norambuena. Afirma que «el grueso de los inconvenientes aún no se visualizan».
«Yo he estado en los paraderos y varias señoras me han dicho que ‘yo no me subo a esta micro porque viene con ‘torniquetes mariposa’ así que mejor espero otra micro que venga sin esos’. Eso pasa ahora porque las personas pueden elegir, pero cuando todos los buses comiencen a tener estas barreras, ahí vamos a ver los verdaderos problemas», advierte.
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Silencio sospechoso
Por otra parte, el abogado observa un silencio de organizaciones sociales, partidos políticos y ONGs que, a su juicio, es anormal.
«Me parece sospechoso el silencio del Sernadis, Sernam o incluso la Teletón, que son instituciones que debieran defender el derecho de personas con problemas de integración o movilidad reducida, no han hecho nada», reflexiona.
En ese sentido, sostiene que hay eventuales vínculos partidarios que no permiten escuchar voces más críticas. «Yo creo que hay un interés político. Si esto lo hubiese hecho un presidente de otro color político, partidos de izquierda ya estarían tomándose las calles. No sé quién tendrá en estas licitaciones algún interés patrimonial. Entonces me parece sospechoso que nadie haya alzado la voz, a excepción del alcalde Joaquín Lavín o yo», reclama.
«Vamos a llegar hasta las últimas instancias, porque si uno tiene las ganas de defender algo, tiene que agotar todas las posibilidades. Nosotros queremos una sanción definitiva para Chile porque lo que se está vulnerando aquí son los derechos de las personas», sentencia.
