Si bien rebajó el tono al pedir disculpas por los heridos en el referéndum, el gobierno español comenzó a ejercer una mayor presión sobre la región rebelde, mientras el presidente de del gobierno catalán pidió cambiar la sesión que declararía la independencia del lunes al martes tras la suspensión de la Justicia española.
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El gobierno de Mariano Rajoy quiere elecciones regionales en Cataluña para poner fin a la crisis que enfrenta al ejecutivo independentista catalán y a Madrid, dijo este viernes su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo.
«Sería bueno empezar a sellar esa fractura por el Parlamento de Cataluña (…) a través de unas elecciones autonómicas», dijo el vocero en la conferencia de prensa posterior al consejo de ministros semanal.
Además, Méndez de Vigo refrendó al delegado del gobierno central en Cataluña, Enric Millo, que poco antes había pedido «disculpas» por los heridos causados por la policía en el referéndum prohibido del domingo.
«Cuando he visto estas imágenes, y sé que hay gente que ha recibido golpes, y empujones, incluso hay una persona que está aún hoy hospitalizada, no puedo hacer nada más que lamentarlo, pedir disculpas en nombre de los agentes», dijo Millo en una entrevista en la televisión pública catalana TV3.
El portavoz del gobierno español señaló que «lo que haya dicho (Millo), bien dicho está». «Es algo que todos lamentamos», dijo, en referencia a las escenas del domingo en Cataluña.
Empresas en fuga
El Ejecutivo español aprobó un decreto facilitar la salida de empresas de Cataluña. Las compañías, preocupadas por una posible declaración de independencia, podrán sacar de la región su sede social, como hicieron en las últimas horas el Banco Sabadell o la empresa textil Dogi.
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En un comunicado, el ministerio de Economía señaló que el decreto responde a «la demanda de amplios sectores empresariales ante las dificultades surgidas para el normal desarrollo de su actividad en una parte del territorio nacional».
Este viernes se reunirá Caixabank, primer banco catalán y tercero nacional, para estudiar si imita al Sabadell, que anunció el jueves que sacaba su sede social deCataluña.
La fuga de empresas aumenta la inquietud entre una sociedad catalana profundamente dividida por la apuesta independentista, cuya escalada ha sumido a España en su peor crisis política de la era democrática.
Cataluña complicada
El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, dio marcha atrás y pidió comparecer en el parlamento regional el martes después de la suspensión judicial del pleno previsto para el lunes en el que debía «valorar los resultados y los efectos del referendo» prohibido del domingo.
El jueves el Tribunal Constitucional suspendió la convocatoria del pleno, declarando «radicalmente nulo y sin valor ni efecto ninguno» cualquier acción que «contravenga la suspensión acordada»
Esta petición tiene que debatirse el viernes a partir de las 15:30 hora local (11:30 GMT) en una reunión del órgano rector de la cámara del parlamento que, controlado por la coalición del gobierno de Puigdemont, debería aprobarla sin problemas.
Después del referendo celebrado el pasado domingo en la región, declarado ilegal por la justicia e impedido parcialmente por la policía, Puigdemont tenía previsto comparecer en el parlamento regional el próximo lunes.
Sin embargo, el jueves el Tribunal Constitucional suspendió la convocatoria del pleno, declarando «radicalmente nulo y sin valor ni efecto ninguno» cualquier acción que «contravenga la suspensión acordada».
Además, en el plano judicial, el comandante de la policía catalana, una subalterna y dos líderes independentistas declararon por sedición ante la Audiencia Nacional, que no dictó prisión preventiva contra ninguno de ellos.
Los cuatro comparecieron ante la Audiencia Nacional, un alto tribunal, por una protesta ocurrida en Barcelona el 20 de septiembre, en la que cientos de manifestantes impidieron durante horas la salida de guardias civiles de una dependencia del gobierno regional catalán donde estaban efectuando registros.
