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El ejecutivo central acordó «requerir formalmente al gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia», dijo Rajoy ante la prensa.
El líder conservador explicó que ese requerimiento es «previo a cualquiera de las medidas que el gobierno puede adoptar al amparo del Artículo 155» de la Constitución, que le da potestad para suspender la autonomía.
Rajoy, que hablará esta tarde ante el Congreso de los Diputados, no aclaró el plazo que otorgaba a Puigdemont para responder al requerimiento, que podría desembocar en una suspensión temporal de la autonomía de Cataluña, restaurada tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
El socialista Pedro Sánchez, líder de la oposición, dio su apoyo a Rajoy y anunció que había acordado con él abrir el debate sobre la reforma de la Constitución, precisando que permitiría hablar de «cómo Cataluña se queda en España, y no de cómo se va».
Además, Madrid ha recibido en las últimas horas el apoyo de los gobiernos de Italia, Francia, Alemania, México y Colombia.
El sentimiento independentista en Cataluña ha crecido exponencialmente desde la crisis económica mundial de 2008 y el recorte parcial en 2010 por parte del Tribunal Constitucional de un estatuto regional que le daba más autonomía.
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El 1 de octubre, se celebró un referéndum declarado inconstitucional en el que más del 90% de los votos fueron a favor de la independencia, con una participación del 43%, aunque los sondeos y los resultados de las elecciones autonómicas señalan una división casi a partes iguales en la sociedad catalana.
En lo que sí coinciden es en pedir un referéndum pactado sobre la autodeterminación.
El martes, en el parlamento regional, el presidente catalán Carles Puigdemont dejó en suspenso una declaración de independencia sin llegar a formularla explícitamente, creando una gran confusión.
El desconcierto fue aún mayor cuando, terminado el pleno, los 72 diputados independentistas firmaron una declaración de independencia en la que como «representantes de Cataluña» constituyen «la República catalana como Estado independiente y soberano».
El valor jurídico de este documento «es simbólico», aclaró este jueves el portavoz del ejecutivo catalán, Jordi Turull.
– El Artículo 155, un arma nunca usada –
España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo.
Pero incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis, el Artículo 155, que nunca se ha aplicado plenamente.
Este dice que, si una región «no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes (…), el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido (…) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones».
En 1989, el entonces presidente socialista Felipe González no fue más allá del requerimiento al líder de las islas Canarias por un asunto de aranceles, que acabó solucionándose con negociaciones y sin suspensiones.
El jefe de Gobierno español no puede activar unilateralmente el artículo 155. Debe ordenar primero al presidente de la región concernida volver al orden constitucional. Eso mismo ha hecho este miércoles al «requerir formalmente al gobierno de la Generalitat para que confirme si ha declarado la independencia» y pedir que vuelva a la legalidad.
Si esto no ocurriera, Rajoy iría al Senado, donde su formación, el Partido Popular (PP, conservador), es mayoritaria, para informarle de las «medidas extraordinarias» que piensa tomar.
Los letrados piensan que, en este caso, primero se tendría que reunir una comisión del Senado y luego, todos los senadores en sesión plenaria. Si una mayoría absoluta aprueba el plan, Rajoy tendría las manos libres para aplicarlo.
Pero el proceso podría tomar tiempo, de una semana a diez días, según un senador consultado por AFP.
¿Otros recursos?
Además del Artículo 155, el Gobierno cuenta con otras herramientas a su disposición. Podría decretar el «estado de alarma», el «estado de excepción» o el «estado de sitio».
La aplicación de alguno de esos instrumentos puede principalmente afectar la libertad de circulación o de reunión.
Por último, la ley de «seguridad nacional» promulgada en 2015 permite al Gobierno decretar que el país se encuentra en una «situación de interés para la seguridad nacional».
Según Mariano Rajoy, este procedimiento es una «figura intermedia» para situaciones entre «crisis ordinarias» y «estados de alarma, excepción y sitio». Permite legislar por decreto y, por ejemplo, controlar directamente a la policía catalana.
También, finalmente, dejar que las causas judiciales contra dirigentes catalanes sigan su curso hasta una posible condena que significaría su inhabilitación.
– Descontento en filas independentistas –
La intervención de Puigdemont en el parlamento hizo pasar de la euforia a la decepción a los miles de independentistas que siguieron el discurso en pantallas gigantes por toda Cataluña.
«Asumo, al presentarles los resultados del referéndum ante todos ustedes, el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente», afirmó, para decir, acto seguido: «Con la misma solemnidad, el gobierno y yo mismo proponemos que el parlamento suspenda los efectos de la declaración» para facilitar el diálogo.
Desde la consulta del 1 de octubre, el ejecutivo catalán ha recibido una fuerte presión tanto del gobierno español, como del empresariado, con el traslado de sede de numerosas.
Puertas adentro, los más radicales del arco parlamentario independentista (la formación de extrema izquierda CUP, cuyos 10 diputados regionales son vitales para el gobierno de Puigdemont) querían aprovechar este resultado para declarar unilateralmente la independencia.
