El hilo de la madeja de la corrupción de la constructora brasileña Odebrecht parece no tener fin. La ex fiscal venezolana Luisa Ortega abrió otro frente con las denuncias contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios por los supuestos sobornos recibidos de esa empresa.
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Existen «muchas pruebas (…) que comprometen a altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República» con los negociados de Odebrecht, indica Luisa Ortega
De acuerdo a las acusaciones realizadas por la ex fiscal general, quien rompió con el gobierno a finales de marzo, existen «muchas pruebas (…) que comprometen a altos funcionarios venezolanos, empezando por el presidente de la República» con los negociados de Odebrecht, las que prometió revelar este sábado.
Ortega, que hulló de Venezuela, denunció que solo Diosdado Cabello, una de las figuras más poderosas del régimen que sustenta a Maduro, habría recibido 100 millones de dólares a través de «una empresa española denominada TSE Arietis», perteneciente a sus familiares, y aseguró tener pruebas contra sobornos millonarios al presidente.
Pero el dirigente chavista consideró falsos los señalamientos y cuestionó a Ortega -quien salió del país hace una semana- por no haber denunciado antes los supuestos ilícitos.
En la misma línea, el actual fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció que no hubo avance en el caso durante la gestión de su antecesora y descartó investigar al presidente venezolano Nicolás Maduro por el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht
«La propia empresa ha ido desmintiendo todo eso, nosotros no vamos a trabajar en función de especulaciones», dijo el fiscal en entrevista con la AFP, sobre la posibilidad de abrir una pesquisa contra Maduro o el número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
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Sin embargo, días después de la declaración de Tarek, Ortega compartió un video a través de la red social Twitter donde el presidente de Odebrecht Venezuela, Euzenando Acevedo, confirma pagos a Nicolás Maduro mientras era vicepresidente del gobierno de Chávez.
«Fui buscado por un representante del señor Nicolás Maduro, un señor llamado Américo Mata, (…) Entonces este señor me buscó y acordó un encuentro conmigo, nos reunimos varias veces en una delicatece venezolana y un día él me pidió una contribución», indica Acevedo en el video.
De acuerdo al directivo, acordaron una suma de «50 millones de dólares» de contribución en «ayuda para la campaña del presidente Maduro».
Investigaciones del Parlamento
Ante las primeras denuncias de Ortega, el Parlamento venezolano de mayoría opositora organizó una comisión para investigar el caso en la que se descubrió, según el presidente de dicha comisión, Juan Guidó, que la contratación con Odebrecht asciende a 22 mil millones de dólares durante los gobiernos del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y el de Maduro, y que el promedio de retraso de las obras es de ocho años.
En declaraciones previas a la prensa, Guidó se refirió a un puente sobre el Lago de Maracaibo, que, manifestó, tiene sobrecostos de 3.000% frente al valor original, además de 11 años de atraso y un avance de apenas 36%.
El legislador también denunció que tras las declaraciones de la fiscal, la información sobre la firma TSE Arietis, vinculada presuntamente a Cabello, «desapareció» del registro nacional de contratistas.
Odebrecht
En Venezuela, Odebrecht ha participado en obras del aeropuerto de Maiquetía, teleféricos en Caracas, trabajos en una central hidrológica y un puente sobre el Lago de Maracaibo, en el oeste del país. Una decena de ellas están paralizadas, según la fiscal.
En unos años de bonanza en América Latina, propicia para construir infraestructuras, y al amparo de la diplomacia de la obra pública promovida por el gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2010), Odebrecht encontró un caldo de cultivo favorable para corromper y ganar contratos.
Una capacidad que parece no tener límites. En América Latina y África habría repartido más de 3.000 millones de dólares debajo de la mesa para adjudicarse proyectos o corromper a presidentes, funcionarios o financiar campañas políticas, según las confesiones hechas por 77 ejecutivos de la firma en un acuerdo de colaboración alcanzado con la justicia brasileña.
