Nuestro país posee una alta tasa de encarcelamiento en comparación al resto del mundo. Dentro de las naciones de la OECD tenemos el segundo lugar en esta materia. En Chile hay 266 presos por cada 100 mil habitantes. De ellos, el 10% son mujeres. La Fundación San Carlos de Maipo, Fundación de Colunga y el Programa de Estudios Sociales del Delito del Instituto de Sociología UC se encuentran investigando el perfil de las mujeres privadas de libertad.
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El primer resultado preliminar del estudio señala que la mayoría de las mujeres presas lo están por delitos de hurto. Además de esto, un 84% de ellas no tenía trabajo antes de delinquir. El estudio señala que «su paso por la cárcel tiene costos enormes, muchos de los cuales se extienden a sus familias y a sus hijos».
Maternidad tras las rejas
Cuando una madre cumple una condena ocurren circunstancias que muchas veces conducen a la fragilización de la familia. Sobretodo en relación al cuidado cotidiano de los hijos. Un 89% de las mujeres del estudio son madres, con un promedio de casi tres hijos por mujer.
Un 80% de ellas tenía un hijo menor de edad. Sólo un 25% declara que al menos uno de sus hijos vive con el padre biológico y un 45% que al menos uno de ellos vive con sus abuelos maternos.
La investigadora principal del proyecto, Pilar Larroulet, expresó que “el tema de la maternidad también es relevante en términos de reinserción, donde la literatura apunta a la doble carga que sufre la mujer que egresa». «No solo debe hacerse cargo de sí misma y su proceso de abandono delictual, sino que además debe asumir rápidamente su rol de jefa de hogar». «Aportando económica y emocionalmente al desarrollo de sus hijos y otros familiares dependientes”, agregó.
Antes de caer en la cárcel
Un patrón común entre las mujeres que caen tras las rejas es la vulnerabilidad. Un 62% que reporta algún tipo de maltrato en la infancia, como negligencia parental, agresión física o verbal, o abuso sexual. Además, un 71% que declara haber sido víctima de algún tipo de agresión física, verbal o sexual de parte de sus parejas o convivientes.
Pese a aquello, la gran mayoría manifiestó sentirse apoyada durante su privación de libertad. Un 87.6% de las mujeres declaró haber recibido visitas. La mayoría señala que ha tenido apoyo material (le han traído comida, ropa o bienes de aseo) y emocional. Además, expresaron que sus familias las han escuchado y hecho sentir queridas y esperadas.
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Otro aspecto desafiante es la precariedad laboral y el bajo o casi nulo acceso al mercado formal. Un 69,3% de las mujeres declara haber trabajado alguna vez en su vida remunerada y legalmente. Pero ese empleo ha sido mayoritariamente precario. Sólo un 15.6% de ellas declara haber estado trabajando en el momento previo a su privación de libertad.
Desafíos posterior a su estadía
Existen, además, los desafíos pendientes tras recuperar su libertad. Arturo Celedón, director de Desarrollo de Fundación Colunga asegura que es clave «entender los procesos de reinserción de las mujeres privadas de libertad para diseñar respuestas efectivas a este problema social que nos afecta a todos».
Por su parte, Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo señaló a Publimetro que el mayor desafío en esta materia es «abordar las condiciones de exclusión social a la base de las trayectorias delictivas como la deserción escolar, el consumo de drogas y alcohol y otras a través de programas preventivos con evidencia positiva en la realidad local».
Una realidad multifactorial
«Se requiere avanzar en una oferta de calidad que se haga cargo de los factores de riesgo (ausentismo, violencia, consumo de alcohol y drogas, embarazo adolescente etc) de manera multifactorial y articulada a nivel local dotando de capacidades e institucionalidad a los territorios para hacerlo efectivo», continúa. «Nada se va a lograr si sólo reaccionamos frente a estas vulneraciones. Se requiere decisión de instalar una lógica preventiva», agregó.
Hoy 1 de cada 10 pesos invertidos en esta área se focaliza en prevención y el resto es control. Según Sánchez, esto «impacta de manera limitada en las consecuencias y no en las verdaderas causas que generan el inicio temprano de trayectorias delictivas».
