A mediodía, miles de empleados abandonaron sus puestos de trabajo en Barcelona y otras localidades catalanas para exigir en silencio «la liberación de los presos políticos», en referencia a Jordi Cuixart, presidente de la asociación Omnium Cultural, y de Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
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En la plaza barcelonesa de Sant Jaume, el presidente catalán Carles Puigdemont y parte de su gobierno se unieron a los manifestantes, que gritaban «libertad», «independencia» y «la represión no es la solución».
El ayuntamiento de Barcelona suspendió actividades hasta el jueves «en solidaridad» con los detenidos, anunció la alcaldesa Ada Colau.
Las próximas 48 horas podrían ser cruciales para el futuro del conflicto entre los ejecutivos de Madrid y Barcelona, que llevó al primero a rebajar las previsiones de crecimiento económico para 2018, de 2,6% a 2,3%.
«Todo el apoyo a las movilizaciones, pero sobre todo no caigan en las provocaciones» del Estado español, dijo en rueda de prensa el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, quien advirtió: «La rendición no forma parte de ninguno de los escenarios de este gobierno».
– ‘Sin fundamento jurídico’ –
Los últimos acontecimientos llegan en un momento de bloqueo en el contencioso creado por las ansias de independencia del gobierno de Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes que representa el 19% del PIB español.
El jefe del ejecutivo español, Mariano Rajoy, emplazó a Puigdemont a que clarificara si declaró o no la independencia la semana pasada, a lo que éste contestó el lunes con una oferta de diálogo pero no con un «sí» o un «no». Ahora, el presidente catalán tiene hasta el jueves para responder de nuevo y eventualmente rectificar.
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A todo esto, Cuixart y Sánchez fueron encarcelados a la espera de un posible juicio por la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, sospechosos de haber convocado, dirigido y arengado el 20 de septiembre en Barcelona una protesta contra unos registros de la Guardia Civil.
Durante la jornada está prevista, a partir de las ocho de la tarde (18H00 GMT), una marcha de protesta con velas por un tramo de la Diagonal, uno de los principales ejes de la capital catalana.
«La decisión de privarnos de libertad de la Audiencia Nacional es una decisión carente de todo fundamento jurídico y procesal», dijo Jordi Sánchez, en un artículo publicado en el diario Ara que dejó preparado por si era encarcelado.
Por su parte, Cuixart dejó un video apelando a «la serenidad», y anunciando que su organización trabajará «en la clandestinidad», si es necesario, de manera pacífica.
El delito de sedición puede acarrear hasta 15 años de cárcel. En la misma causa están imputados el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, y una subalterna suya, Teresa Laplana, que seguirán en libertad pero no podrán abandonar el país y tendrán que presentarse periódicamente en los juzgados.
– Separación de poderes –
El auto de la jueza Lamela señala a Sánchez y Cuixart como los «principales promotores y directores» de una multitudinaria concentración el 20 de setiembre ante la consejería regional de Economía, donde la Guardia Civil estaba buscando documentos relacionados con la organización del referendo de autodeterminación prohibido del 1 de octubre.
Durante horas, los agentes no pudieron salir, debido a la muchedumbre agolpada frente al edificio.
Igualmente, los manifestantes independentistas dañaron tres vehículos del instituto armado. Ambos líderes se subieron a uno de ellos, y llamaron a una «movilización permanente».
A la vista de esto, la jueza decretó su encarcelación porque temía que pudieran «destruir fuentes de prueba» o incurrieran en «reiteración delictiva», toda vez que pertenecen a un «grupo organizado» que busca «fuera de las vías legales la independencia de Cataluña», según el auto.
Ante las múltiples voces que tildaron a los dos de «presos políticos», el delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, dijo este martes en declaraciones a CatalunyaRadio: «Nos equivocaremos si juzgamos a la jueza, aquí hay separación de poderes».
Lo que ocurrió ante la consejería catalana de Economía «no se puede calificar de actuación pacífica y cívica», ahondó el delegado.
