Carles Puigdemont, presidente de la Generalidad de Cataluña, amenazó con hacer efectiva la independencia si Mariano Rajoy decide aplica el artículo 155 de la Constitución. De esta manera el líder catalán le hace una advertencia al jefe del Estado español si es que este rechaza la oferta de diálogo.
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La amenaza se enmarca dentro de una carta que contiene la respuesta de Puigdemont al requerimiento hecho por el gobierno español para que expliqué si declaró o no la independencia de la región de Cataluña el martes pasado.
A través de esta carta el presidente catalán insiste en el diálogo y la negociación para avanzar en la crisis que actualmente sufre el Estado español. Sin embargo, remarca su malestar contra la represión en contra de la aspiraciones independentistas de Cataluña. El último acto que provocó el rechazo de las autoridades fue el encarcelamiento de los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.
Por su parte el gobierno Español, tildó de «chantaje inaceptable» que el presidente de la Genaralitat, haya amenazado con declarar la independencia si es que Rajoy decide activar el artículo 155. El polémico articulo que contempla la suspensión de la autonomía si un gobierno no respeta la ley orgánica.
Uno de los que se sumó a las críticas fue Pedro Sánchez, líder del partido socialista, «la única vía que tiene el señor Puigdemont es restaurar la legalidad vigente y, desde el punto de vista político, adelantar las elecciones», aseguró el ex diputado quién se mantiene bastante cercano a Rajoy para definir los pasos a seguir.
Apoyo total a Puigdemont
Por su parte el PDECat dio todo su apoyo a Puidgemont. A través de Marta Pascal, coordinadora general del partido, aseguró que » si el Estado español aplica el 155, el president Puigdemont tendrá nuestra complicidad y todo nuestro respaldo para levantar la suspensión que anunció el Parlament». Pascal también valoró la importancia del diálogo, pero declaró que » es necesario hacer efectivo el mandato del 1-O» si es que desde Madrid no atienden a las peticiones de la región catalana. Además le pidió que «persevere, mantenga y defienda nuestra institución, porque nos hemos puesto en esto para ganarlo todo y no queremos perder nada», terminó tajante Pascal.
El día jueves quedó marcado como la fecha límite propuesta por el gobierno español para que se de marcha atrás al proceso independentista y se «vuelva a la normalidad». Así el gobierno español marca distancia en torno a la petición de diálogo y demuestra que no dará el brazo a torcer en el cumplimiento de las Constitución.
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La incógnita de las medidas a tomar
Ni la vicepresidenta ni Rajoy aclararon qué medidas concretas significará el uso de ese artículo de la Constitución de 1978 que nunca hubo que usar a fondo, pero los partidos de la oposición que apoyan la medida, el Partido Socialista y Ciudadanos, quieren desemboque en la convocatoria de elecciones regionales.
España es un país muy descentralizado y la Constitución adoptada en 1978 confiere a sus 17 comunidades autónomas amplios poderes en materia de salud y educación, por ejemplo.
Pero incluye una disposición que permite al poder central intervenir directamente en los asuntos de una región en caso de crisis.
En el caso de la crisis catalana, la más grave desde el regreso de la democracia en España, el Tribunal Constitucional falló que el referéndum de autodeterminación llevado a cabo por el Ejecutivo catalán el 1 de octubre fue inconstitucional.
Los independentistas afirman haberlo ganado con el 90,18% de los votos y una participación del 43% y planean una declaración unilateral de independencia que está de momento en el limbo.
En 1989, el entonces presidente de gobierno, el socialista Felipe González, no fue más allá del requerimiento al líder de las islas Canarias por un asunto de aranceles, que acabó solucionándose con negociaciones y sin suspensiones.
El artículo no especifica cuáles son esas «medidas necesarias», de ahí la incertidumbre en torno a su eventual aplicación.
Según los juristas consultados por la AFP, permitiría tomar el control de los órganos políticos y administrativos de la comunidad autónoma rebelde, implicaría la suspensión temporal de la autonomía de la región, y podría significar la sustitución de funcionarios y cargos electos.
