El ejecutivo español dio este jueves un paso más hacia una suspensión del autogobierno de Cataluña, en una crisis que amenaza la estabilidad del país y tiene a Europa preocupada.
PUBLICIDAD
Este jueves a las 10:00 horas (05:00 hora de Chile) vencía el plazo definitivo para que el presidente catalán, el separatista Carles Puigdemont, aclarara si había proclamado la independencia en una confusa sesión celebrada en el Parlamento catalán.
Sin responder directamente, Puigdemont afirmó que «si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el día 10».
El gobierno busca aplicar «el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña», señaló un comunicado, en referencia al artículo que permite ejercer las competencias de una autonomía en caso de que ésta incumpla la ley.
El jefe de gobierno, el conservador Mariano Rajoy, no se dio por satisfecho y convocó para el sábado un consejo de ministros extraordinario para avanzar en los trámites que permitirán intervenir la administración catalana.
El gobierno busca aplicar «el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña», señaló un comunicado, en referencia al artículo que permite ejercer las competencias de una autonomía en caso de que ésta incumpla la ley.
Previsiblemente, una eventual intervención generará fuertes movilizaciones, mientras la incertidumbre sigue impactando en la economía: más de 900 empresas sacaron su sede social de Cataluña y el gobierno central rebajó su previsión de crecimiento para 2018 al 2,3%.
PUBLICIDAD
Más que intervención directa
El artículo 155 requiere una adopción en el Consejo de Ministros y la subsiguiente aprobación del Senado, que podría reunirse en los últimos días de octubre.
El trámite prolongado «permite que los actores tengan más margen de maniobra para una eventual negociación», dijo a AFP TV el politólogo Pablo Simón, mientras el gobierno central gana tiempo para «ver si se resquebraja la unidad dentro del bloque independentista y finalmente van a elecciones» regionales.
El 155, nunca usado a fondo en España, podría dar lugar a que el gobierno central asuma la dirección y gestión de Cataluña, la destitución de dirigentes y la toma de control por ejemplo de su policía, los «Mossos d’Esquadra».
Los independentistas catalanes alegan que están legitimados para proclamar la secesión por el referéndum del 1 de octubre, declarado inconstitucional, en el que el sí ganó con 90% de los votos pero con una baja participación (43%), según cifras del Ejecutivo catalán.
En las calles de Barcelona, las personas mostraban hartazgo ante la prolongada crisis que ha causado una profunda división en la sociedad. «Estoy saturado de toda esta historia. Todos los días es ‘un plazo importante, una fecha muy importante'», dijo a AFP Albert Puig, un informático de 35 años.
