Que no hay pruebas contra los imputados. Ese fue el principal argumento de los defensores de los ocho mapuche detenidos en la «Operación Huracán» y que la Corte Suprema consideró suficiente para revertir la prisión preventiva de todos.
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Los imputados están siendo investigados por participar en ataques incendiarios a iglesias en Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía. Para conseguir las medidas cautelares, el Ministerio Público presentó conversaciones de Whatsapp como pruebas de su eventual participación en los hechos. La defensa de los ocho mapuche presentaron un recurso de amparo que Apelaciones descartó. Pero el máximo tribunal consideró, de forma unánime, otra cosa.
«La sentencia que impuso la prisión preventiva no cumplió los estándares mínimos adecuados para justificar esa decisión», explicó Milton Juica, miembro de la Suprema, quien junto a Lamberto Cisternas, Carlos Cerda, Andrea Muñoz y Manuel Antonio Valderrama, participó de la votación.
¿Es un revés para el Ministerio Público?
Jorge Abbott, el fiscal nacional, evitó referirse a este pronunciamiento como un revés. De hecho, indicó que la sentencia del Máximo Tribunal «habilitaría para pedir una audiencia y pedir las cautelares». ¿Es o no un revés?
Ignacio Pinto, ex fiscal adjunto de la Fiscalía Oriente indicó a Publimetro que «es una decisión que no es una decisión positiva a sus ojos».
Para el abogado, la principal razón de este fallo tiene que ver con la preparación de quienes presentaron el recurso de amparo.
«Creo que hay defensas muy bien preparadas. Son profesionales que no se quedaron quietos y que formularon buenas tesis», analizó
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El también ex fiscal adjunto Ricardo Gestosio aportó también otra idea. «La debilidad del Ministerio Público está en la debilidad de las pruebas que presentaron a los Tribunales».
«Una resolución debe ser bastante fundada, tener todos los argumentos, para haber impuesto, por ejemplo, la prisión preventiva. Como esta resolución no los tenía, la Corte Suprema la invalidó», explicó.
Ambos, de todas formas, concluyen que esta medida no es un indicador para conocer la culpabilidad de los imputados en los hechos que se le atribuyen. Por eso, los especialistas indican que se debe esperar al desarrollo del juicio.
Cabe precisar que, tras el pronunciamiento, quedaron en libertad Héctor Llaitul Carrillanca y su hijo Ernesto Llaitul Pezoa, el werken de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jaime Huenchullán Cayul y su hermano Rodrigo, además del ex mirista David Cid Aedo, el estudiante universitario Claudio Leiva Rivera y los comuneros Martín Curiche Curiqueo y Fidel Tranamil Nahue.
Otros golpes
Este año ha sido duro para el Ministerio Público. En el caso de Nabila Rifo pedía inicialmente 26 años de cárcel para Mauricio Ortega, pero la Suprema sólo decretó cuatro. En el proceso de Viviana Haeger acusaba al viudo Jaime Anguita de parricidio, pero el Tribunal Oral en lo Penal lo exculpó. Al igual que en la «Operación Huracán», no han recibido los pronunciamientos que esperaban. ¿Cuál es la visión de los analistas?
«En los casos emblemáticos no les ha ido muy bien que digamos», dice Gestosio. Para él, podrían haber varias razones que explicaran estos escenarios
«Una de ellas podría ser la carga de trabajo y otra, el poco control que tiene sobre las policías», sugirió.
Para Pinto, de todas formas, no todos han sido fracasos pues «estos casos, son todos distintos».
«No se puede comparar el caso que involucra que se dicte medidas cautelares con otra donde se dicta condena. Son materias distintas. En el caso de Nabila Rifo, incluso, yo diría que se entregó una pena importante. Claro, hubo una discusión jurídica con la Corte Suprema, pero eso yo no lo vería como un revés», analizó.
Pinto agregó que «donde sí hay un golpe, es en el caso de Viviana Haeger, porque ahí hubo un imputado que estuvo preso, y que le haya terminado liberado, sí es algo para analizar».
Como sea, desde el Ministerio Público ya indicaron que intentarán otra vez conseguir las cautelares que estaban pidiendo en el caso que involucró a la «Operación Huracán».
