El viernes en Madrid, el Senado español se dispone a aprobar una batería de medidas sin precedentes en 40 años de democracia, con las que el gobierno central de Mariano Rajoy quiere atajar el desafío separatista de las autoridades catalanas.
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Dentro de ese dispositivo, amparado por el artículo 155 de la Constitución, está el cese en bloque del gobierno de Puigdemont, la convocatoria de elecciones regionales en un plazo máximo de seis meses y la toma de control de la policía catalana y los medios públicos locales.
Se abriría así un escenario inédito, en el que la gran pregunta está en ver si el gobierno de Rajoy es capaz de dirigir la situación en Cataluña.
Los últimos días, Puigdemont se había mostrado dispuesto a ir a la cámara alta, lo que se había entendido como un gesto de buena voluntad por parte del líder independentista. Pero dentro de las vacilaciones constantes que han protagonizado toda esta crisis, finalmente, el presidente catalán Carles Puigdemont declinó acudir al Senado español para presentar sus alegaciones antes de que la cámara alta apruebe el viernes la toma de control de esta región, solicitada por el gobierno español, explicaron fuentes concordantes del gobierno catalán.
«No irá ni el jueves ni el viernes», los dos días que el Senado había ofrecido al líder regional para comparecer, informó una portavoz del presidente a la AFP.
«El motivo es que el gobierno español ya ha anunciado que impulsará igualmente el artículo 155» de la Constitución para intervenir la autonomía de esta región, señaló otra fuente del gobierno.
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-Convocar elecciones o declarar la independencia-
Ante este panorama de vértigo, son varios los miembros del gobierno catalán los que le están sugiriendo a Puigdemont que adelante las elecciones, con la esperanza de evitar lo que desde filas independentistas se califica de «liquidación» del autogobierno, indicó a AFP una fuente del govern. El dirigente todavía está sopesando las opciones.
«Es consciente de las consecuencias de todo», tanto de la aplicación del artículo 155 como de una convocatoria electoral clásica, que supondría acatar el orden constitucional que Puigdemont quiere precisamente romper, dijo a la AFP esa fuente.
Hasta la fecha, Puigdemont ha estado repitiendo que se debe al «mandato» del referendo ilegal de autodeterminación del 1 de octubre.
Su gobierno asegura que el sí a la secesión triunfó con un 90% de votos y una participación del 43%, en una consulta que no fue validada por ninguna autoridad electoral independiente.
El jueves, el presidente regional debe comparecer en un pleno convocado en la cámara catalana, dominada por los independentistas. En esta sesión, que podría alargarse hasta el viernes, los diputados regionales deben articular su respuesta al 155.
Sin embargo, algunos integrantes del gobierno regional prefieren convocar elecciones a proclamar la república, con la esperanza de evitar la intervención de la autonomía regional, informó una fuente del entorno gubernamental.
-Rajoy, firme-
La presión al dirigente catalán le viene también del Partido Socialista, que ha pactado con Rajoy las medidas del artículo 155 y este miércoles reiteró que las elecciones son una vía de salida.
Si Puigdemont «acepta el marco constitucional y en ese marco constitucional convoca elecciones autonómicas, no cabe ni política ni jurídicamente la aplicación del 155», afirmó en la cámara baja la portavoz socialista, Margarita Robles.
A su lado, otra diputada socialista, Meritxell Batet, lanzó un mensaje en catalán a Puigdemont, pidiéndole «que convoque elecciones autonómicas, para que devuelva a la sociedad catalana sus derechos».
La pasada semana, el propio gobierno central le mostró a Puigdemont esa posibilidad, pero su posición parece haberse endurecido, a tenor de las declaraciones de Rajoy este miércoles en el Parlamento.
Respondiendo al diputado nacionalista catalán Joan Tardà, que le pidió «frenar la represión» que a su juicio representa el artículo 155, Rajoy replicó que esta disposición es «la única respuesta posible» para «restaurar la legalidad» en Cataluña.
Puigdemont, que milita por la causa independentista desde hace décadas, cuando esta opción política era todavía marginal en Cataluña, debe decidir igualmente si va o no al Senado a explicar por qué se opone a la intervención del autogobierno de la región.
Podría hacerlo el día del pleno, el viernes, o este jueves, cuando también está prevista una reunión del Parlamento catalán en Barcelona, en la que éste responderá a la aplicación del artículo 155.
Precisamente, grupos de «resistencia» del independentismo catalán han previsto este miércoles una marcha hacia la cámara catalana, como medida de presión para exigir una declaración unilateral de independencia.
«Ni 155, ni elecciones. Ahora República», es el lema de esta manifestación convocada por redes sociales, que debe empezar a las 19H30 (17H30 GMT) frente a la sede del gobierno regional y marchar hasta el Parlamento, donde quieren acampar hasta el jueves.
La iniciativa ha surgido de los llamados Comités de Defensa del Referéndum, creados en barrios y municipios para coordinar la resistencia ciudadana al intento de Madrid de impedir la votación del 1 de octubre.
Igualmente preparan movilizaciones las dos grandes asociaciones separatistas, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural.
«Me atrevería a decir que es una gran batalla entre el bien y el mal», dijo en un discurso con tintes mesiánicos ante militantes de la ANC el diputado independentista Antoni Castellà, llamándolos a movilizarse desde este jueves.
-Resistencia-
La resistencia le vendría de varios frentes, tanto desde la calle, donde los secesionistas están muy movilizados, como desde las instituciones, donde se expondría en el día a día al boicot de miles de funcionarios.
Me atrevería a decir que es una gran batalla entre el bien y el mal». Los independentistas catalanes viven entre la euforia y la angustia, y el tono mesiánico crece a medida que se acercan los momentos decisivos. Antoni Castellà, diputado de la coalición gobernante en Cataluña Junts Pel Sí, veterano de la lucha independentista, no dudó en emplear ese tono ante los militantes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
