Toda la atención del país estará puesta esta mañana en el Tribunal Oral Penal de Temuco, donde los jueces José Rau Atria (presidente), Patricia Abollado Vivanco y Luis Torres Sanhueza entregarán a las 10 horas su veredicto condenatorio o absolutorio en el juicio por el caso Luchsinger-Mackay.
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El juicio contra 11 acusados por incendio terrorista con resultado de muerte, uno de los más emblemáticos relacionados con el conflicto mapuche, comenzó el 21 de agosto y culminó ayer con la declaración de la machi Francisca Linconao, clamando inocencia y exigiendo libertad para todos.
El veredicto se espera en medio de enorme expectación y tanto en el interior del tribunal como en el exterior se adoptarán fuertes medidas de seguridad. Además, la decisión estará marcada por las anulaciones de las prisiones preventivas decretadas en la “Operación Huracán”.
La acusación estuvo a cargo del fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle; el fiscal jefe la unidad de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, y los fiscales Héctor Leiva y Pamela Contreras. Por su parte, la familia Luchsinger-Mackay fue representada por los abogados querellantes Carlos Tenorio y Sergio Arévalo. El Gobierno, a través de la intendencia de La Araucanía, también se querelló.
Los acusados estuvieron representados por el defensor regional de La Araucanía, Renato González; los defensores penales públicos Mario Vargas Quezada, jefe de Estudios de la Defensoría Penal Pública (DPP) de La Araucanía; Marcelo Pizarro, de la Unidad de Estudios; Humberto Serri Gajardo, jefe de la Defensoría Penal Mapuche; Jaime López Allende, de la DPP Mapuche, y Pablo Ardouin Bórquez, jefe de Estudios de la DPP de Los Ríos. A ellos se sumó el abogado Rodrigo Román, de la Defensoría Popular.
Los hechos que originaron la acusación ocurrieron alrededor de la 1 de la madrugada del 4 de enero de 2013, en el fundo Lumahue de la comuna de Vilcún, donde individuos armados atacaron e incendiaron la vivienda en que se encontraban durmiendo Werner Luchsinger (75) y su esposa Vivianne Mackay (69). El dueño de casa intentó repeler el asalto a balazos mientras su mujer pedía ayuda desesperadamente por teléfono. A llegar al lugar, Carabineros encontró los cadáveres de las víctimas, quienes no pudieron escapar del fuego.
Además de la machi, los otros acusados por estos hechos son José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Sabino Catrilaf Quidel, Juan Tralcal Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, Eliseo Catrilaf Romero, José Córdova Tránsito (hermano del único condenado hasta el momento) y José Peralino Huinca.
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Todos están acusados por el delito de incendio intencional con resultado de muerte en carácter de terrorista y para 10 de ellos, la fiscalía pide presidio perpetuo calificado, esto es, un mínimo de 40 años de cárcel antes de recibir cualquier beneficio penitenciario.
Además, para Sabino Catrilaf se piden otros 3 años y 541 días de cárcel por dos delitos de porte ilegal de armas y municiones. Los fiscales y querellantes admiten la posibilidad de veredictos diferenciados, mientras que los defensores confían en la absolución de todos.
En el caso de José Peralino, la fiscalía pide sólo 10 años de presidio por su colaboración con la investigación. Su confesión en octubre de 2015 permitió la detención de los imputados, aunque posteriormente se desdijo y su defensa alegó que su confesión se obtuvo mediante vulneración de derechos. Sin embargo, el tribunal la validó como prueba en el juicio.
De los 11 acusados, nueve se encuentran en prisión preventiva, mientras que Peralino y la machi Linconao están con arresto domiciliario total. La machi obtuvo este beneficio después de declararse en huelga de hambre. En el juicio fueron representados por defensores públicos y abogados de la Defensoría Popular.
El único condenado hasta el momento es el machi Celestino Cerafín Córdova Tránsito (30), sentenciado a 18 años de cárcel en fallo confirmado por la Corte Suprema el 13 de mayo de 2014. La noche de los hechos, Celestino Córdova fue detenido por carabineros herido y a 1.750 metros de distancia de la casa de los Luchsinger-Mackay. En su caso, la fiscalía también pidió presidio perpetuo calificado por delito terrorista, lo que no fue concedido por los tribunales.
