La mayoría independentista del Parlamento catalán proclamó este viernes una «República» constituida como «Estado independiente y soberano» y propuso entablar negociaciones inmediatas con el Estado español, medidas que ponen a la región fuera del marco constitucional.
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«Constituimos la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social», explica el texto, aprobado por 70 diputados de un total de 135, que ejercieron su voto en secreto, depositando su papeleta en una urna.
Previamente, la mayoría de los diputados de la oposición abandonaron la cámara, en señal de protesta.
Otros sí que votaron, desplegando antes su papeleta ante los fotógrafos y mostrando ostensiblemente que habían optado por el No.
Esta proclamación solemne ya fue firmada (aunque no votada) por los diputados independentistas el pasado 10 de octubre, y con la votación de este viernes, entra en vigor, según sus planes.
No obstante, el Tribunal Constitucional español invalidó el 17 de octubre la ley que permitía el referéndum del día 1 de este mes, así como todas las medidas complementarias tendentes a materializar la secesión.
En paralelo, este viernes el Senado español se disponía a darle poderes al gobierno central para que intervenga el parlamento, destituya al gobierno regional y tome las medidas necesarias para restablecer el orden constitucional, en virtud del artículo 155 de la Carta Magna.
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El parlamento catalán en su texto asegura que inician «el proceso constituyente, democrático, de base ciudadana, transversal, participativo y vinculante».
Esta declaración ha sido elaborada conjuntamente por una mayoría nacionalista (Junts pel Si) y de extrema izquierda (Candidatura de Unidad Popular, CUP).
«Afirmamos la voluntad de abrir negociaciones con el Estado español, sin condiciones previas, para establecer un régimen de colaboración en beneficio de ambas partes. Las negociaciones tendrán que ser, necesariamente, en pie de igualdad», añade el texto.
Luego precisa: «Ponemos en conocimiento de la comunidad internacional y las autoridades de la Unión Europea la constitución de la República» y la voluntad de negociar, y piden concretamente a la UE «intervenir para parar la violación de derechos civiles y políticos» a causa de la intervención del gobierno español.
El reconocimiento internacional de un Estado catalán es un aspecto esencial de los planes de las autoridades independentistas, algo que no se ha producido.
El parlamento insta al gobierno independiente a «promover, ante todos los estados e instituciones, el reconocimiento de la República».
Pasaporte y doble nacionalidad
La segunda parte del texto alude a una Ley de Transitoriedad jurídica, una especie de Constitución preliminar, que es aprobada junto a la declaración de independencia, a la espera de unas elecciones constituyentes.
El parlamento catalán invita al gobierno regional a «promulgar los decretos necesarios» para entregar documentos de ciudadanía catalana, e inmediatamente a «impulsar la subscripción de un tratado de doble nacionalidad con el gobierno del Reino de España».
Todas las leyes en vigor en Cataluña deben adaptarse a esta Ley de Transitoriedad, «con especial atención a todas las que regulan impuestos».
Todos los funcionarios del Estado central presentes en Cataluña, «salvo renuncia expresa», pasan a integrarse en el servicio público catalán, incluidos los catalanes que sirven en el extranjero.
También pide crear un Banco Central catalán, un banco público de desarrollo, entablar negociaciones sobre la deuda pública con Madrid, y crear un «inventario de bienes».
Finalmente anuncia el inicio de redacción de una Constitución definitiva y la convocatoria de elecciones constituyentes lo antes posible.
